El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido ahora que Instituciones Penitenciarias, organismo que depende de su ministerio, no necesita autorización expresa del juez para trasladar a los presos políticos, aunque ha insistido en que le hace falta su visto bueno porque "los traslados son muy costosos personalmente para los presos" y puede ser que se tengan que hacer en etapas.
El ministro ha llegado a esta conclusión después de que la semana pasada se pasaran la pelota entre él y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que lleva la causa del 1-O, sobre quién tenía la última palabra a la hora de decidir acercar los presos políticos en las prisiones catalanas.
Asimismo, Marlasaka ha asegurado que el traslado de los presos independentistas en Catalunya "no es un acto de buena voluntad, sino que es un principio de proporcionalidad" y de "necesidad" y que se valorará una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dé por concluida la fase de instrucción, ya que hasta entonces, ha añadido, pueden ser requeridos para la práctica de varias diligencias.
En este sentido, Grande-Marlaska ha dicho que Joaquim Forn tiene una comparecencia personal prevista para el día 26 de este mes y que de momento al gobierno no le consta que la instrucción haya finalizado oficialmente.
Para el ministro de Interior, un traslado a Catalunya también favorecerá su derecho de defensa "en las circunstancias adecuadas" junto con sus letrados, aparte de estar más cerca de su entorno familiar.