El cambio de inquilino en la Moncloa ya está comportando otros cambios en las estructuras del poder del Estado español. Según han adelantado ya varios medios de comunicación, la escogida para nueva fiscal general del Estado ha sido la progresista María José Segarra, que hasta ahora ejercía como fiscal jefe de Sevilla. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez la propondrá para el cargo este viernes, en sustitución de Julián Sánchez Melgar. Será la segunda mujer al frente del ministerio público, después de Consuelo Madrigal (2015-2016).

La Fiscalía General del Estado se ha convertido en una pieza clave del engranaje en el actual contexto político, marcado por la causa judicial abierta en varios tribunales por el referéndum del 1-O. Hasta ahora, el ministerio público había optado por una línea dura, en sintonía con el gobierno español de Mariano Rajoy. La incógnita por resolver es si se mantendrá la misma estrategia, liderando las acusaciones contra los dirigentes independentistas, u optará por un cambio.

Otro de los nombres que salía en las quinielas, el de Joaquín Giménez, exmagistrado del Tribunal Supremo, sí que se había pronunciado en contra del procesamiento por delito de rebelión contra los miembros del Govern de Puigdemont y los Jordis. En el caso de María José Segarra, su posicionamiento todavía es una incógnita.

Lo que sí que se sabe es que Segarra, de 54 años, es una miembro destacada de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). También es amiga personal de la actual ministra Dolores Delgado, con quien coincidió en el Consejo Fiscal desde su designación el pasado abril como miembros de este órgano consultivo del fiscal general del Estado. Delgado y Segarra tienen una relación fluida.

Tanto la ministra como la nueva fiscal general del Estado pertenecen a la UPF, una asociación que se sitúa a la izquierda y que trabaja para defender los principios de imparcialidad y legalidad, pero también los derechos sociales y económicos y de los "sectores marginados" de la sociedad.

La opción de Segarra ha desbancado a otros candidatos que sonaban en las quinielas. También fueron candidatos a ocupar el cargo el fiscal de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo Pedro Crespo y otros fiscales de la UPF, como Sofía Puente y Álvaro García.

La hasta ahora fiscal jefe de Sevilla tiene una larga trayectoria de 30 años en el ministerio público. Empezó ejerciendo de fiscal en Barcelona, de la mano de Carlos Jiménez Villarejo. Después fue destinada a la capital andaluza.

Desde hace doce años es la fiscal jefe. Fue nombrada por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Ha tenido un papel relevante en casos como el de Marta del Castillo o casos de corrupción como el de los ERE en Andalucía.