La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha desestimado hoy por unanimidad las recusaciones del presidente de la Sala II, Manuel Marchena, y los seis magistrados que forman la sala de enjuiciamiento en la causa del proceso, que había sido planteada por un total de 8 procesados.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Anna Simó, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Todos ellos pedían la recusación de Marchena, mientras que Jordi Cuixart recusaba además a los otros seis magistrados del tribunal.

El Tribunal Supremo ha avanzado la resolución que se ha tomado esta mañana pero todavía no ha hecho público el auto donde están los argumentos. Y no lo hará hasta pasados unos días.

El 20 de noviembre, después de que Marchena renunciara a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo a raíz de la filtración, primero del acuerdo entre PSOE y PP para darle el cargo, y después por los mensajes de Ignacio Cosidó donde se dejaba entrever el control "desde detrás" del Supremo, los presos políticos se plantearon recusarlo.

Los primeros fueron Oriol Junqueras y Raül Romeva, que después de comunicarlo al resto de defensas, arrastraron a parte de los presos políticos. Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànhez presentaron sus escritos de recusación horas más tarde y Carme Forcadell y Anna Simó se añadieron a la recusación de sus compañeros de partido Junqueras y Romeva.

Jordi Cuixart presentó la recusación contra los seis magistrados de la sala que le tienen que juzgar y además, por otro trámite, pidió una vista prevía para sacar del Tribunal Supremo el caso y evitar el juicio en Madrid y conseguir que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el competente para ver y juzgar el caso del 1-O.

Las recusaciones de Junqueras, Romeva, Forcadell y Simó hacían referencia a la imparcialidad del magistrado. Y concretaban que "las recientes noticias relativas a la existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces y concretamente las manifestaciones efectuadas y hechas públicas del senador Sr. Ignacio Cosidó según la cual el pacto entre los partidos PP y PSOE se habría efectuado con la intención de controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional con la finalidad última de, a través de tales nombramientos, controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en estos Tribunales. En este pacto habría tenido singular protagonismo la candidatura del magistrado recusado a presidir el CGPJ a quien se habría otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de "ganar" las votaciones mediante la anulación de la minoría "progresista" de tal órgano de gobierno.

El escrito insistía que "el magistrado recusado es, pues, protagonista de este pacto para controlar el poder judicial, y a él se le atribuyen características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación en el proceso que nos ocupa, características que no se las atribuye esta parte sino ni más ni menos que un senador encargado de negociar y acordar su candidatura a la presidencia del CGPJ para la persecución de unos intereses políticos públicamente conocidos ya".

Jordi Cuixart, en su recusación, advertía que le juzgará un tribunal de excepción controlado por PP y PSOE. Turull, Rull y Sànchez alegaban que "según se desprende de este mensaje y de las numerosas noticias publicadas, por lo visto el Excmo. Sr. magistrado D. Manuel Marchena habría prestando inicialmente su conformidad a este pacto, una disponibilidad que solo habría retirado por escrito al hacerse público el anterior mensaje del Sr. senador".