Un colectivo de profesores universitarios, agrupados bajo el paraguas de la plataforma Help Catalonia, ha hecho público un manifiesto de apoyo a los profesores universitarios miembros de la sindicatura electoral del 1-O ante la "represión" que están sufriendo, una vez la fiscalía les pide pide penas de 2 años y 9 meses de prisión.
"Con esta carta queremos expresar nuestra indignación por la decisión de la justicia española de encausar a dos politólogos y a tres juristas", apunta el manifiesto, que se refiere a los politólogos Jordi Matas (catedrático, Universidad de Barcelona), a Tània Verge (profesora agregada, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) y los juristas Marc Marsal (profesor asociado, Universidad de Barcelona), Josep Pagès (profesor asociado, Universidad Autónoma de Barcelona) y Marta Alsina.
Los cinco fueron nombrados miembros de la Sindicatura Electoral en septiembre de 2017 por el Parlamento de Catalunya para supervisar el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017 y que unos diez días antes de suya realización el Tribunal Constitucional los obligó a dimitir mediante la imposición de una multa de 12.000 euros por persona por día mientras permanecieran en el cargo.
Delitos de "desobediencia" y "usurpación de funciones"
"A pesar de su renuncia, la justicia española dio un paso más y decidió procesar los miembros de la Sindicatura Electoral", añade la carta. A los cinco se les imputan los delitos de "desobediencia" y "usurpación de funciones" y se enfrentan a la posibilidad real de hasta dos años y nueve meses de prisión.
"Probablemente sea la primera vez en la historia de la Unión Europea que unos politólogos y juristas son amenazados con pena de prisión para hacer su trabajo, un hecho indignante y desproporcionado," aseguran los profesores que impulsan la campaña, recordando que "el único delito de estos politólogos y juristas consistió en utilizar su experiencia para garantizar que el referéndum se realizara de manera justa e imparcial" y que, además, lo hicieron a petición del Parlamento de Catalunya.
"Nuestros colegas no hicieron nada ilegal", asegura el manifiesto, que señala que su enjuiciamiento "no sólo es espurio, sino que se basa en motivos políticos, constituyendo una flagrante violación de derechos humanos".