La creación de la Ley de Información Clasificada, pensada para sustituir a la ley franquista de Secretos Oficiales que todavía está vigente, ha generado fuertes tensiones en el Gobierno, tanto es así que el anteproyecto lo presentó en solitario el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante el Consejo de Ministros este martes. Las firmas del resto de ministros —la de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Asuntos exteriores, José Manuel Albares— que, inicialmente, daban apoyo al anteproyecto, desaparecieron del texto definitivo. Según revela El País, el enfrentamiento más notorio fue con Robles, que retiró su firma del acuerdo como una muestra de desacuerdo, y posteriormente, miembros de su gabinete se sumaron.
División de opiniones en el ejecutivo español
Desde el Ministerio de Presidencia restan importancia al hecho de que el anteproyecto solo esté firmado por Bolaños y señalan que "el texto ha sido elaborado por varios ministerios, en diálogo permanente con todos ellos, y es normal que el ministerio coordinador e impulsor aparezca como el proponente". Y añaden, que se trata de una ley que "afecta a todos los ministerios en la medida en que todos los ministros tendrán capacidad para clasificar o desclasificar información en las categorías de confidencial o restringido, por lo tanto, también es lógico que figure como proponente el ministerio coordinador y no los 22 ministerios, que son los afectados". La elaboración de esta ley fue a cargo de un grupo de trabajo liderado por Presidencia e integrado por representantes de Defensa, Interior y Asuntos exteriores.
El principal motivo del conflicto es la decisión de traspasar al Ministerio de Presidencia la Autoridad Nacional de Seguridad para la Protección de Información Clasificada, verdadera guardiana de los secretos de Estado, que ahora está en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), integrado en Defensa. Este organismo se encarga de custodiar toda la documentación clasificada como de alto secreto, secreto y confidencial, así como el recibimiento de otros Estados u organizaciones internacionales. Entre las funciones principales destaca la de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de información clasificada y de las obligaciones internacionales asumidas por España en la materia, asesorar técnicamente al Gobierno y mantener relaciones con las autoridades internacionales, informar sobre las propuestas de clasificación de los diferentes ministerios, así como coordinar a las unidades de los diferentes ministerios y llevar los registros y bases de datos. Entre sus misiones está la de valorar la idoneidad de las personas físicas y jurídicas que pueden tener acceso a información secreta, emitiendo, denegando, suspendiendo o retirando la correspondiente habilitación de seguridad. Así como las empresas que tengan en su poder información clasificada o los establecimientos donde se almacena.
Actualmente, la autoridad nacional delegada es la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que tiene el apoyo de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), un organismo creado en 1983 en el que trabaja un centenar de agentes secretos. El traslado de este organismo en la Moncloa es complicado, ya que está integrado por personal estatuario del CNI, que tendría que abandonarlo si quiere seguir haciendo la tarea que ahora ejerce. Bolaños ha defendido el cambio argumentando que España se homologa así a sus socios europeos y que lo más lógico es que un ministerio transversal como el de Presidencia sea el que establezca criterios homogéneos y normas comunes para los departamentos que generan más información clasificada: Defensa, Interior y Asuntos exteriores. En relación con los problemas relacionados con la gestión del personal, se resolverán a medida que avance el proceso, que se puede alargar años, ya que la ley no entrará en vigor hasta pasado 1 año de la publicación en el BOE, que en el mejor de los escenarios sería a finales del 2026.
Modificaciones de anteproyecto de ley
Con el fin de rebajar las tensiones, el texto del anteproyecto ha sufrido modificaciones de última hora. Entre las más destacadas, que las habilitaciones de seguridad para el personal "con dependencia exclusiva del Ministerio de Defensa" las dé la titular del Ministerio y no Presidencia, mientras que el del Interior se encargará de dar las habilitaciones a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el último momento, también se ha añadido que Robles "ejercerá las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Seguridad con respecto a la información clasificada en el ámbito de las relaciones con la OTAN", y su Ministerio llevará el registro de las diligencias y directivas de clasificación de la información secreta de la Alianza Atlántica. A pesar de estos acuerdos, no se ha conseguido llegar a un consenso. El País apunta, además, que desde Sumar aseguran que a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de Secretos, "fundamentalmente dirigidas a establecer plazos de desclasificación mucho más cortos".