Un informe jurídico de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) alerta que en el proceso de desconexión del Estado español habrá diligencias penales y posibles imputaciones a funcionarios y autoridades. Y que serán uno de los medios de presión "para generar dudas y miedo entre los diferentes actores de la sociedad catalana favorables a la construcción de un nuevo Estado independiente", dice textualmente el informe. "Por este motivo -sigue el texto- es del todo necesario que funcionarios y autoridades conozcan en profundidad los elementos de los delitos que se les pueden imputar, a fin de que actúen con toda libertad y en conciencia y no atemorizados ante una estrategia del Estado". El informe de la ANC afirma que los trabajadores públicos catalanes no cometerán ningún delito por ejecutar órdenes del Govern y del Parlament de Catalunya. El texto estudia todos los hechos ilícitos penales posibles que podrían tener algún tipo de incidencia en la actuación de los trabajadores públicos catalanes: prevaricación, resolución arbitraria, abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, rebelión, sedición, traición y delitos contra la paz o la independencia del Estado, e incumplimiento en la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional. Que no sea delito no significa que el Estado no denuncie e intente imputaciones de cargos públicos, funcionarios y trabajadores. Por este motivo el informe incide mucho en el hecho de que hace falta que todo el mundo conozca con profundidad los delitos que se les pueden imputar. La clave, según Joan Anton Font, secretario general del Ajuntament de Tarragona y uno de los autores del informe, es que el Parlament y el Govern dicten las instrucciones de una manera clara y concreta.

Prevaricación, arbitrariedad, intencionalidad y omisión del deber

En el caso de normas e instrucciones del Parlament o del Govern sean precisas y concretas a la norma a aplicar, desaparecerán los elementos básicos de este tipo penal, como son la arbitrariedad y la intencionalidad, ya que la actuación de los trabajadores públicos estará amparada por una norma. Los mismo pasaría en la supuesta omisión del deber de perseguir delitos.

Desobediencia y denegación de auxilio

La existencia de un mandato expreso sobre una conducta, y que esta orden sea claramente notificada en el obligado a cumplirla –es decir que no se trataría de una posible orden genérica-- son algunos de los elementos que no hacen prever que los trabajadores públicos se puedan encontrar con órdenes contradictorias, concretas e individualmente notificadas.

Rebelión y sedición

Son dos delitos que tienen como uno de sus hechos esenciales la violencia y, por lo tanto, ninguna de las actuaciones de los trabajadores públicos en ejecución de órdenes del Govern o del Parlament constituiría cometer estos delitos.

Desobedecer al Tribunal Constitucional

Sobre el posible incumplimiento en la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional, se requeriría la previa notificación individualizada y por los conductos legales a la persona en concreto, y no por una notificación genérica.

Combatir el asedio en los Ayuntamientos

Por lo que se refiere a la investigación del Audiencia Nacional sobre las resoluciones adoptadas por algunos ayuntamientos, de apoyo y de adhesión a la resolución sobranista del Parlament de Catalunya, que comportado abrir diligencias contra los consistorios, por supuestos delitos de rebelión y de sedición, el informe dice que "estas resoluciones municipales son una manifestación política sin ningún tipo de incidencia en el ámbito jurídico donde no tiene cabida efecto jurídico y no supone un obstáculo a la suspensión acordada por el Tribunal constitucional". Los autores del estudio lo avalan a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. También remiten a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, que el 21 de diciembre del 2015 archivó una denuncia de la Fiscalía contra el Ajuntament de Premià de Dalt. La Audiencia desestimó el recurso teniendo en cuenta el archivo de la denuncia contra el Ajuntament de Igualada.  

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