El 67% de los catalanes cree que en Catalunya hay mucha o bastante corrupción, según el Barómetro 2020 de la Oficina Antifraude. La cifra supone un descenso con respecto al 72% del Barómetro del 2018 pero el director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha afirmado que sigue siendo "inaceptable".
Además, para un 79,5% la corrupción es un problema muy o bastante grave, mientras que hay un 14,% que dice que es poco grave y un 2,7% responde que nada. El ámbito peor valorado es la política, ya que el 53% cree que hay poca o nula honestidad de los que se dedican y el 76,5% cree que la corrupción está mucho o bastante extendida en política, aunque baja el porcentaje de gente que cree que los partiera se financian ilegalmente (del 52% al 43%).
Las instituciones donde los ciudadanos perciben más corrupción son los partidos políticos. Así, el 37,1% afirma que la corrupción está mucho tendido en este ámbito y un 39,4% que lo está bastante. En segundo lugar están las entidades financieras, con un 30% de los encuestados que dice que la corrupción está muy extendida y en tercer lugar los medios de comunicación (23,5%). Por detrás hay los sindicatos (20,9%), los ayuntamientos (16,2%), el Parlamento (15,9%) y las empresas privadas (15,9%). Las universidades son las instituciones donde se percibe menos corrupción.
Con respecto a la política, el 24,5% de los votantes de un partido que se viera afectado por corrupción pero que hubiera conseguido reducir el paro y mejorar la situación económica lo seguiría votando, mientras que el 39,2% votaría otro partido. Hay un 43,1% de los encuestados que cree que los partidos políticos se financian de manera ilegal en Catalunya, por debajo del 52% del 2018, y el 53% afirma que los cargos políticos sueño poco o nada honestos (54,2% en el anterior barómetro).
Miquel Àngel Gimeno, director de la Oficina Antifraude - ACN
Como ya pasó en la anterior encuesta, son los jóvenes de 18 a 29 años los que se muestran más tolerantes con las conductas corruptas. Por ejemplo, el 35,3% de estos jóvenes ve aceptable que un político dé su apoyo a un proyecto para beneficiar un grupo económico en atención al apoyo que este ha dado su partido. Entre los que tienen de 45 a 64 años el porcentaje cae al 8,7%. El 43,1% de los de 18 a 29 años también ve aceptable que un funcionario utilice un bien púbico para una finalidad privada, mientras que lo ve así un 18,9% del conjunto.
Vínculos entre política y negocios
El 41,3% de los encuestados voz vínculos demasiado estrechos entre negocios y política, el 37,2% cree que hay falta de transparencia en las decisiones públicas. Para el director de la Oficina Antifraude, estas cifras indican que alguna cosa está fallando y demuestran que hay que seguir trabajando.
También hay un 85,1% que afirma que las relaciones entre cargos públicos y los grupos de interés son poco o nada transparentes. Además, la percepción general es que la información que ofrecen los medios sobre la corrupción no es objetiva y un 84% cree que los políticos no explican lo suficiente su gestión (el 89% en el anterior barómetro).
Por otra parte, el 31,13% afirma que la corrupción está mucho tendido en el ámbito de obras públicas y un 43,8% que lo está bastante. También hay un 27,1% que afirma que lo está mucho en la justicia y un 25,9% en el urbanismo. Las áreas donde se percibe menos corrupción son enseñanza, cultura y servicios sociales.
El 85,8% de los encuestados apuesta para que un organismo independiente controle el patrimonio y la actividad de los cargos públicos, de los que un 70,6% añade que también lo tendría que estar los de su familia.
La evolución de la percepción de la corrupción
La percepción de la corrupción llegó a un punto álgido en el 2014, cuando el 82,3% de los encuestados en el barómetro aseguraban que había mucha o bastante. Desde entonces la tendencia es a la baja pero Gimeno ha alertado de que los niveles siguen siendo muy altos. Por|Para géneros, las mujeres tienen la percepción que hay más corrupción que los hombres (71,6 y 61,6, respectivamente).
Sin embargo, cuando se pregunta por la experiencia personal y directa, el 18,2% afirma haber visto conductas impropias al puesto de trabajo, cuando en el 2018 eran el 30%. También bajan aquellos que han visto como se favorecían familiares, amigos, emprendidas o a uno mismo, del 22,5% al 17,8%, así como la aceptación de regalos (del 12,2% al 8,7%) y la aceptación de un soborno (del 4,2% al 3,5%). Gimeno ha afirmado que eso demuestra que no hay una corrupción "de carácter sistémico".
En cambio, no hay una tendencia clara sobre la percepción de estas conductas, ya que en algunas crece la percepción y en otros baja. Así, se acepta más que un alto cargo pueda aceptar como regalo una caja de vino (un 2,1% lo ve así) o que una persona que trabaja en la sanidad ayude a un familiar a saltarse la lista de espera (14,4% este año versus un 11% en el 2018). En cambio, que un político contrate a un amigo íntimo para un cargo de confianza cae de un 8,5% a un 6,4% de aceptación y la justificación de llamar a un médico amigo para saltarse la lista de espera pasa del 22,7% en el 2018 al 22,1% este año.
Apartar a los sospechosos de sus funciones
Ante la sospecha de un caso de corrupción, el 77,5% apuesta por apartar a la persona de sus funciones hasta que haya sentencia. Sin embargo, el 50,5% no denunciaría un caso de corrupción de lo que tuviera conocimiento por la dificultad en reunir pruebas y un 29,2% por miedo a las represalias. Sin embargo, el 38,8% opta por la denuncia como vía preferida para involucrarse de manera activa en la lucha contra la corrupción.
Por último, Gimeno ha lamentado que en la actual legislatura no se han atendido muchas de las recomendaciones que la Oficina Antifraude hizo a los partidos políticos que se presentaban a las elecciones y ha afirmado que habrá que volver a insistir de cara a la campaña del 14-F.