Varios Mossos d'Esquadra que trabajaron el 1-O a pie de calle y en las salas de mando han explicado este jueves en el juicio al mayor Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional, que las comunicaciones de aquel día se hicieron por el procedimiento habitual y las órdenes seguían los conductos de siempre. Eso desmonta la tesis de la fiscalía, que mantiene que muchas comunicaciones se hacían por teléfono para evitar ser gravadas, aunque los agentes han dicho que las llamadas telefónicas también se grababan. También han negado que se dieran órdenes para hacer seguimientos e identificaciones a los cuerpos estatales.

En sus declaraciones como testigos en la Audiencia Nacional, dos agentes que estuvieron en una escuela del barrio de la Verneda de Barcelona han explicado que comunicaron una matrícula de un coche que estaba aparcado en doble fila, ocupando un carril de circulación y muy cerca de la cola de votantes. Querían que desde la sala de mando se identificara al propietario y le instaran a retirar el vehículo. En todo caso, tanto ellos dos como otros mandos han negado que se les indicara que informaran de la presencia de cuerpos estatales, pero lo hicieron como se hace habitualmente con otras incidencias con bomberos, SEM o Policia Local.

 

Los binomios en los puntos de votación iban explicando las novedades relevantes de cada centro, y en algunos casos pedían la asistencia de orden público si veían algún incidente destacable. No obstante, era el Cecor regional o central quien decidía si enviaba efectivos de orden público, pero en muchos casos no pudieron hacerlo porque había multitud de peticiones.

El inspector jefe del Área de Información Exterior de Mossos, especializado en yihadismo, ha explicado que el 1-O trabajó en el Cecor central. Sobre una comunicación donde supuestamente se controlaba la salida de los cuerpos de seguridad del puerto de Barcelona, ha dicho que lo hizo porque les preocupaban posibles bloqueos por parte de varios colectivos como sindicatos del puerto y campesinos. En este sentido, ha explicado que habían tenido conocimiento a través de las redes que grupos proindependentistas querían impedir la salida de la policía alojada allí y ha negado que, en ningún caso, fuera para hacer seguimientos.

También ha declarado al inspector jefe del Área Central de Análisis, de la Comisaría General de Información, que ha justificado que en un informe del 24 de julio dijeran que el 6 y 7 de septiembre se celebraría el pleno del Parlamento que aprobaría el referéndum porque ya se había publicado el día anterior en al menos dos medios de comunicación. Durante los meses previos al referéndum elaboraron varios informes sobre posibles "escenarios", pero no daban nada por "hecho" porque por aquellas fechas la información era "volátil" y "el escenario iba cambiando de forma continuada. Por ejemplo, ha dicho, en septiembre se valoraba como una opción que hubiera reacciones de determinados colectivos ante la posibilidad de que, finalmente, la votación no se celebrara.

Este inspector ha tenido que volver a aclarar que la expresión l'1-O s'ha de celebrar un referèndum, no significaba una orden imperativa o voluntad, como pretende insinuar un informe de la Guardia Civil, sino una previsión.

 



Para la próxima semana está prevista la declaración de los mandos de Mossos Antoni Verger, Carles Anfruns y David Boneta, el exconseller de Interior Jordi Jané, el exsecretario del Gobierno Joan Vidal de Ciurana, la subdirectora general de Recursos Humanos de los Mossos, Maite Català, el exdirector general de Patrimonio, Francesc Sutrias, y el máximo responsable político de los Mossos durante el 155, Juan Antonio Puigserver. El miércoles será el turno de visualizar los vídeos de la causa, y el lunes siguiente está prevista la presentación de las conclusiones definitivas de todas las partes.

Las sesiones de la semana que viene se trasladan a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Gènova de Madrid.