Los letrados del Congreso de los Diputados han vuelto a defender la inviolabilidad del rey amparándose en la inviabilidad constitucional. Los servicios jurídicos de la cámara baja han remarcado su posición respecto al monarca español. Este informe de los letrados servirá al Partido Socialista, al Partido Popular y a Vox para tumbar la última propuesta que el PNV había puesto sobre la mesa para abordar este próximo martes con un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo de la Constitución donde se especifica la inviolabilidad del monarca. Según ha recopilado ElPaís, PSOE, PP y Vox rehusarán de inicio esta propuesta —ya que disfrutan de seis de los nueve miembros de la Mesa del Congreso— que siquiera llegará a la Junta de Portavoces, donde sí tendría los apoyos necesarios para salir hacia delante.

El informe del secretario general del Congreso señala que "el artículo 56.3 de la Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin esta ratificación, exceptuando lo que está dispuesto en el artículo 65.2. (nombrar y separar en los miembros de la casa real), siendo así que la regulación que se pretende, limitativa de la figura de la inviolabilidad, tal como se configura en la Proposición de Ley del PNV resultaría contraria a esta, para invadir la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la misma Constitución". Por estos argumentos, el letrado más importante de la cámara ha concluido al tumbar esta iniciativa que pretendía enmendar las responsabilidades del rey.

Hace casi una semana, el martes 7 de junio, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, presentó una proposición de ley para modificar la norma que regula el funcionamiento del Poder Judicial español, a raíz del retorno del rey emérito en Sanxenxo. Esteban compareció para remarcar la intención de su formación al pedir explicaciones sobre los escándalos de Borbón y consideró que ahora "urge" aplicar algunos cambios legales para aclarar algunas lagunas que podrían suponer, si el rey delinquiera. La iniciativa del PNV para modificar la ley orgánica del Poder Judicial consiste en enmendar el artículo 55 para redefinirlo de una forma más amplia y completa. Este artículo atribuye a las salas del Civil y del Penal del Tribunal Supremo "la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como el rey o reina que hubieran abdicado y su consorte". La segunda cuestión que el PNV quería agregar es que estas salas del Supremo también conocieran "las acciones civiles y penales dirigidas contra el rey o la reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a ratificación y que no tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura del Estado".