Los acusados por protestar e intentar parar el desahucio del Bloc Llavors de Barcelona el año 2021 han anunciado este lunes que no declararán ante el juez que instruye la causa, y han asegurado que iniciarán una "causa política" contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y contra el Govern, ya que consideran que son los responsables de estos hechos. Lo han explicado en rueda de prensa desde el Parlament acompañados de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha lamentado que sea "una de las muchas causas represivas" que hay contra activistas.
En el Bloc Llavors, situado en el barrio del Poble-sec, vivían seis familias desde el año 2017, y fue desalojado en mayo de 2021 después de cinco intentos de desahucio. Después de la resistencia de los activistas, en febrero de este año los Mossos detuvieron a cuatro personas, a las cuales acusan de desórdenes públicos por participar en la protesta, en la cual tiraron pintura contra agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra. De hecho, después se conoció que la investigación la ha llevado la Comisaría General de Información, una unidad que se encarga de investigar el extremismo violento relacionado con organizaciones políticas de ámbito interior: grupúsculos de extrema derecha o extrema izquierda de carácter violento.
Después de estas cuatro detenciones, la causa se ha ampliado a 18 personas más que entre el viernes y este lunes han sido citadas a declarar, ha explicado la abogada de Alerta Solidaria Eva Pous: "Estas 18 personas han decidido plantar a la injusticia española y decir que no piensan ir a declarar y piensan plantar cara a este sistema represivo", ha sostenido. También ha criticado que la Generalitat utilice "ficheros de tipo político e ideológico" y técnicas del 'deep state' para perseguir por motivo de ideología a los activistas para el derecho a la vivienda, y ha pedido el cese del caso.
"Pasamos a la ofensiva"
En la rueda de prensa uno de los encausados, Axel, ha responsabilizado Aragonès del desahucio -que se produjo el primer día de su mandato- y ha dicho que seguirán actuando para detener desalojos: "Pasamos a la ofensiva. Somos nosotros quien acusamos al presidente de la Generalitat y al Govern de abrir una causa política contra las trabajadoras de este país", ha criticado, y ha asegurado que "el servilismo en las empresas y en el Estado de Pere Aragonès no para de aumentar", como también aumenta la miseria a la cual están condenados los trabajadores del país con la subida de precio de la vivienda.
El portavoz de la Comisión Jurídica del Congrés d'Habitatge, Max Carbonell, ha sostenido que existe una macrocausa contra los activistas, ya que según ha detallado, en los últimos años más de 40 han sido detenidos, y se han recibido multas que suman más de 300.000 euros en aplicación de la Ley Mordaza.