El Congreso ha rechazado derogar el decreto ley que facilita la salida de empresas de Catalunya mediante los votos en contra de PP, PSOE-PSC y Ciudadanos y que el Gobierno aprobó tras el 1 de octubre, bajo el argumento de que se lo habían pedido determinadas corporaciones ante el temor a un escenario de inseguridad jurídica por el proceso soberanista. La propuesta partía del PDeCAT y solo ha tenido los votos favorables de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y el PNV, de modo que ha sido tumbada.

La iniciativa fue defendida el martes por Ferran Bel, quien consideró que el decreto suponía "expropiar la capacidad de los accionistas" para decidir algo que en su opinión corresponde a la Junta de Accionistas, "los verdaderos propietarios de la empresa y no el Consejo de Administración". Bel fue especialmente crítico cuando dijo que el motivo de fondo era el referéndum, del que no habían aparecido las urnas. "El Gobierno tenía que reaccionar ante aquel fracaso", denunció.

También contundente se mostró el diputado de ERC Gabriel Rufián. "¿Es cierto que Felipe VI llamó a ciertas empresas personalmente para recomendar que salieran de Catalunya? Lo dice la propia Seat", preguntó.

Por parte de la formación morada, Josep Vendrell criticó que el decreto buscara "enseñar el camino de salida y provocar miedo económico". "No fue la amenaza de ningún corralito; fue el clima que generó el mismo Gobierno", lamentó como argumento para la salida de sociedades. Vendrell, asimismo, criticó también a la Generalitat que aplicara el "pensamiento mágico" tras el 1-O.

Por el lado del PP, Jordi Roca dijo que la iniciativa era "mentira" y que las empresas se habían marchado porque los independentistas querían "eliminar todo lo español de Catalunya". "La hispanofobia es una forma de xenofobia. ¿Cómo quiere que no huyan, las empresas?" zanjó.

Desde el PSOE-PSC, José Zaragoza cargó contra ERC y el PDeCAT. "Lo que están haciendo es, una vez más, perjudicial para la economía catalana. No aciertan ni una", indicó, como consecuencia de la "inestabilidad política, social y económica permanente" por la falta de Govern.

El portavoz económico de Cs, Toni Roldán, enumeró las grandes empresas que se habrían marchado "por culpa" de "sus políticas incompetentes", en alusión a la Generalitat. Además, expuso que la derogación acabaría provocando inseguridad jurídica y "un corralito". "No han aprendido absolutamente nada del desastre que han causado", concluyó.