La gran contradicción del juez Pablo Llarena es, seguramente, justificar todas sus decisiones, que tienen que ser judiciales, con argumentos políticos. De hecho, sus autos han sido muy comentados por expertos, por políticos, tertulianos, que se han puesto las manos en la cabeza por cómo Llarena no ha intentado disimular la separación de poderes.

Buena parte de la instrucción hasta ahora del magistrado se ha centrado en decidir si deja o no en libertad a los presos políticos. Además, ha imputado nuevos investigados, ha pedido los sumarios a Catalunya y ha desactivado las órdenes europeas e internacionales de detención contra Carles Puigdemont y los consellers exiliados en Bruselas.

En prácticamente todas sus acciones hay contradicciones destacadas.

Dejar o no el escaño

Si releemos los autos de Llarena, encontraremos argumentos diferentes para argumentar la misma decisión: no dejar salir a los presos en libertad.

El ejemplo más claro está en los escritos del magistrado donde se deniega la libertad provisional a Joaquim Forn y Jordi Sànchez.

Joaquim Forn renunció a su escaño, como gesto para demostrar que no habría reiteración delictiva. Pero no sirvió de nada. Llarena insistía en su auto. El magistrado subraya en el auto como factores para apreciar el riesgo de reiteración delictiva, "la incertidumbre que existe que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para conseguir la aspiración de independencia que todavía hoy comparte el investigado" y "la aún próxima determinación con que el investigado condujo su grave actuación delictiva", aunque sus aportaciones tienen que ser necesariamente ajenas a la actividad parlamentaria a la que ha renunciado.

En el caso de Jordi Sànchez, el argumento de Llarena cuando dice que no ha renunciado al acta de diputado y que eso demuestra riesgo de reiteración, no deja de sorprender, cuando el conseller Forn continúa entre rejas habiendo renunciado a ser diputado. El magistrado argumenta aquí: con respecto a la reiteración delictiva, el juez afirma que, a diferencia de algunos encausados, en Jordi Sànchez hay un mayor riesgo, ya que "no sólo no ha renunciado a la actividad pública que —desde varios frentes— ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las cuales nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución española".

Si Llarena no quiere tener en cuenta sus declaraciones donde acatan el 155 y renuncian a la vía unilateral -tal como dijeron en su última declaración delante del Supremo- porque considera que los acusados pueden mentir y que, por lo tanto, es agua de borrajas, todavía se podría entender. Pero en el caso de Forn, hay una renuncia firmada en el escaño. Y en el caso de Sànchez, un acatamiento de la Constitución Española cuando firmó el acta de diputado.

La euroorden

Si Pablo Llarena no se ha contradicho al volver a pedir la euroorden cuando se lo ha pedido la Fiscalía, después de levantarla antes de que la justicia belga resolviera la extradición, lo que sí que choca es que argumente motivos políticos y que ahora prepare un auto de procesamiento que, según algunas fuentes, servirá para suspender la cúpula del proceso -Govern y Mesa- y también para volver a poner en marcha la orden de detención en Europa.

Todo parece indicar que quiere tener definidos los delitos para que la justicia belga no tenga dudas y extradite a Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

De hecho, ya dio pistas en su resolución donde decía que posponía "a un momento en que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados" y se emplazaba a estudiar una nueva orden de detención en el momento "en que el desarrollo de la investigación permita que el Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración".

Sumario del 13

Llarena ha pedido a la justicia catalana todos los procesos y todos los sumarios. Los ha sacado de las manos a Mercedes Armas y Maria Eugènia Alegret, magistradas del TSJC, los procesos contra la Mesa y el Govern que empezaron por querellas de la Fiscalía. Ha reclamado el sumario en la Audiencia Nacional. Pero lo que no retira es el caso del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

El caso que tiene un sumario abierto de hace un año, por las declaraciones que hizo el exsenador de ERC, Santi Vidal, y que ha derivado en una causa general contra el referéndum, antes y después del 1 de octubre.

Juan Antonio Ramírez Sunyer es el gran proveedor de pruebas contra todos los acusados. Llarena las recibe, a veces sin ni tan solo pedirlas, un hecho que se salta todo el procedimiento habitual y que le va cerrando el círculo al magistrado del Tribunal Supremo. Quizás esta es la explicación de por qué le ha pedido los casos a unos y a otros no.