Tras activar el lunes una tercera euroorden contra el president en el exilio, Carles Puigdemont, el juez Pablo Llarena ha condicionado ahora la posible extradición a que las autoridades judiciales belgas acepten el delito de sedición y la rechazaría si sólo se apreciara un delito de malversación de caudales públicos para ponerlo a disposición de España.

Según avanza El Mundo, la intención de Llarena en el caso que no se incluya la sedición sería rechazar la extradición pero mantener la euroorden con la intención de que Puigdemont sea detenido si sale de las fronteras belgas.

La toma de esta decisión delata que Llarena se prepara para la posibilidad de que la justicia belga rebaje la petición de extradición e incluya solo el delito de malversación, tal y como pasó en julio del 2018, cuando la justicia alemana se mostró dispuesta a permitir la extradición de Puigdemont para ser juzgado solo por malversación, lo que le llevaría a un nuevo fracaso en su empeño de llevar a un president de la Generalitat al banquillo de los acusados.