Pablo Llarena ya ha puesto en marcha la maquinaria para estudiar si se queda el caso de Josep Maria Jové o lo mantiene en Barcelona.

En cualquier otra investigación todos los acusados estarían unidos en un solo proceso. Ahora mismo hay tres juzgados investigando los mismos hechos y compartiendo información, pero con diferentes acusados. En cualquier otra investigación la causa se habría unificado —en este caso, con aforados— en el Tribunal Supremo, aunque desde las defensas se cree que quien tiene autoridad para juzgar el caso es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Paradójicamente y después de más de un año de estar investigando a Josep M. Jové y Lluís Salvadó, ahora el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha decidido inhibirse de la investigación de estos dos acusados. Y Llarena ya les ha puesto el foco encima.

A la investigación de la pieza separada por malversación, el magistrado ha movido ficha y ha pedido todos los informes que tiene el juzgado de instrucción 13 sobre los gastos del referéndum, un extremo que ni tan solo el juez del 13 ha podido acreditar porque no hay pruebas de pagos, los testimonios que han declarado hasta ahora no han admitido haber pagado a los responsbles de la Generalitat, y las empresas proveedoras no han reconocido haber cobrado.

Con todo, Llarena quiere el informe de la Guardia Civil sobre la publicidad del referéndum y la copia de las declaraciones que han hecho varios directores de medios y empresas; el informe de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; las facturas de Unipost, y el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda sobre el FLA.

La agenda Moleskine, camino del Supremo

Llarena quiere vincular a Jové con el delito de malversación. De hecho, era la mano derecha de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, y el juez del 13 siempre lo ha visto como el cerebro del referéndum del 1 de octubre y, por lo tanto, máximo responsable de los preparativos. Por eso, entre el listado de documentación que pide a Pablo Llarena está el grueso de las pruebas que hay contra Josep M. Jové.

El magistrado del Supremo pide la agenda Molskine, el original y una copia en DVD, la información del móvil de Jové y una copia de las escuchas telefónicas que hizo la Guardia Civil. Llarena también quiere toda la documentación sobre el móvil que la Guardia Civil no pudo desencriptar y que ahora mismo está en Berlín.

En la providencia que dictó el martes Llarena también pide toda la documentación de lo que se encontró durante el registro del despacho de Josep M. Jové.

El magistrado del Supremo va al origen y pide también las declaraciones de Santi Vidal y Carles Viver-Sunyer. Con Santi Vidal empezó todo. Las declaraciones sobre la hacienda pública catalana y los datos que ya había obtenido la Generalitat desembocaron en una investigación que se ha convertido en causa general y que ahora se entrelaza con el juicio que se tiene que hacer en el Tribunal Supremo.