Pablo Llarena ha cerrado el sumario del proceso contra el Govern y el Parlament por el 1 de octubre respondiendo en falso a algunos de los flequillos que quedaban, como el del delito de malversación.

Al auto admite que no hay pruebas para demostrar este delito con toda la documentación que les ha hecho llegar Hacienda, pero sigue manteniendo la acusación a partir de los informes de la Guardia Civil.

Llarena ha decidido dejar sin efecto la solicitud hecha al Ministerio de Hacienda para que elaborara un informe de análisis técnica-contable respecto de la documentación entregada por la Generalitat de Catalunya con motivo de los cuatro requerimientos efectuados por este ministerio a la interventora general de Intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017-2018, así como el análisis, con criterios técnicos y contables, de la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017- 2018. Deja la puerta abierta, sin embargo, a que la fiscalía lo pueda pedir de cara al juicio.

El magistrado dice que el informe de Hacienda "no es fuente de prueba" y que ante la celeridad que hace falta para cerrar el proceso y "la dificultad que expresan los propios servicios del Estado en cumplir el requerimiento" de aportar la documentación sobre la malversación de la Generalitat para el 1 de octubre, renuncia a aportar esta documentación, y remarca que ya tiene bastante con lo que le ha aportado la Guardia Civil hasta ahora.

El delito de malversación ahora mismo es lo único que aguanta la acusación contra Carles Puigdemont después de que la justicia alemana haya posicionado y haya decidido extraditarlo sólo por este delito y no por rebelión. No ve violencia, pero Llarena tampoco puede probar la malversación.

La partida de ajedrez, por lo tanto, todavía está abierta. Muy abierta y pendiente de los recursos, ahora de Puigdemont en Alemania.

 

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