El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia donde confirma que no ve "ninguna razón procesal" para no trasladar Carme Forcadell, Dolors Balsa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez a prisiones catalanas, tal y cómo han solicitado.
El juez recuerda, pero, que la decisión está en manos de Instituciones Penitenciarias. "La decisión está sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciaries considere de aplicación", escribe el juez. Llarena responde estos cuatro casos porque son los primeros escritos que han llegado procedentes de Instituciones Penitenciarias pero está previsto que próximamente lleguen las peticiones del resto de encarcelados.
Si Llarena no se opone es porque da por cerrada la instrucción, a pesar de que formalmente no ha dictado todavía la interlocutoria de conclusión del sumario que es la que pone punto y final a su tarea como juez instructor y pasa la causa en la sala porque abre juicio oral. Forcadell solicita traslado en la prisión de mujeres de Barcelona, Balsa a la prisión de mujeres de Girona, Sànchez a Quatre Camins (Vallés Oriental) y Cuixart a Brians II (Bajo Llobregat).
El Tribunal Supremo recibió miércoles cuatro escritos procedentes de las prisiones de Soto del Real y Alcalà-Meco donde los directores de los centros preguntaban si el juez tenía algún "inconveniente" para proceder al traslado de Carme Forcadell, Dolors Balsa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, tal y como ellos mismos habían solicitado.
El procedimiento para los traslados
Falta todavía recibir los escritos procedentes del centro penitenciario de Estremera, donde están recluidos Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva. En el caso de Junqueras y Romeva, su defensa ya lo solicitó a finales de abril, Rull y Turull lo han solicitado hoy mismo y Forn lo hará a lo largo de este jueves, según confirman sus defensas.
Una vez Instituciones Penitenciarias lo ha notificado al juez instructor y si no ha recibido ninguna objeción, la Junta de evaluación de cada centro penitenciario se reúne para estudiar el traslado. El gobierno de Pedro Sánchez hoy ha conformado que ha iniciado el trámite legal del traslado en prisiones catalanas y prevé que se materialice en unos “días”.
El gobierno español, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez Pablo Llarena si tiene previstas más diligencias sobre los líderes políticos catalanes que están en prisión preventiva acusados de rebelión y malversación, según ha adelantado el diario El País citando fuentes de Interior. Este es el primer paso y con mucha probabilidad el juez contestará que no. De esta forma, se inicia el proceso para que sean trasladados en breve a prisiones catalanas.
A partir de este primer trámite, activado por el ministerio de Interior, se pide un informe para comprobar que los nueve presos políticos catalanes en prisiones espanyolas tienen vinculación familiar en Catalunya. Una vez acabados los trámites administrativos los presos seran encarcelados en Catalunya, en prisiones cercanas a su residencia habitual.
El traslado es cuestión de "días"
El traslado de los presos políticos a las prisiones catalanas ha generado polémica en el Gobierno durante las últimas semanas. En declaraciones y contradeclaraciones contradictorias, la respuesta sobre la competencia del traslado es clara: Instituciones Penitenciaries depende del Ministerio de Interior, de Fernando Grande-Marlaska. El juez no tiene nada que decir, ni siquiera si está instruyendo el caso y tiene que citar regularmente los presos.
Las mismas fuentes de Interior apuntan que el traslado es cuestión de "días" a pesar de que no especifican una fecha concreta. "Dependerá del que se tarde en hacer los trámites", a la vez que señalan que el plazo de días puede ser de "dos, o de diez" dependiente de los procesos burocráticos que habrá que completar.
Todo ello tiene lugar a dos semanas de la reunión que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene que mantener en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un clima de distensión pero también marcado por los procesos judiciales contra los líderes independentistas y por el papel de la fiscalía, a la espera de si la nueva fiscal general puede introducir cambios en calificar los hechos en los escritos de acusación que habrá una vez se abra el juicio oral.
La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, todavía no ha tomado posesión del cargo, a pesar de que no queda claro que su designación implique un cambio de criterio. En la comparecencia en el Congreso del miércoles afirmó que no existen "presos políticos" y que "nadie es perseguido por sus ideas".