La asamblea municipal de Lisboa (Portugal) ha aprobado una moción condenando la represión de las autoridades españolas en Catalunya y pidiendo la libertad de los presos políticos.

También propone una solución política para resolver el conflicto, "con respeto a la voluntad de los pueblos". Y además se muestra partidario de la anulación de las condenas del 1-O.

La iniciativa, impulsada por el PCP, ha resultado aprobada con el apoyo del Bloque de Izquierda y el Partido Socialista.

Según el texto, la sentencia del 1-O y las duras condenas forman parte de un "recurso a la coerción, la represión y la judicialización de la compleja cuestión nacional en España" y "no sólo no contribuye a encontrar una solución política, sino que tiende a exacerbar el problema".

Advierte también que "la explotación de los sentimientos nacionales [españoles], la escalada de hechos consumados, y la ausencia de solución política no pueden ser utilizados para eludir las responsabilidades de todos los que han promovido una política con graves consecuencias sociales -en España o en Catalunya- y para promover valores reaccionarios y sectores fascistas franquistas, que han oprimido a los pueblos de España durante décadas".

El ayuntamiento de Lisboa ha enviado la moción al Govern, el Gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.

No obstante, el ayuntamiento de Lisboa ha aclarado que la decisión de la asamblea no obliga al gobierno municipal, que "no ha tomado ni aprobado ninguna deliberación con este contenido". "La posición del ayuntamiento de Lisboa es inequívoca al respecto: el respeto total a la soberanía del Estado español, su constitución, sus leyes y el funcionamiento de sus instituciones", afirman en un comunicado.

Más 200 personalidades de Portugal ya pidieron en octubre, "la amnistía inmediata" para los líderes independentistas encarcelados. En un artículo en el diario portugués Público, políticos, catedráticos, periodistas y juristas, entre otros, pedían "el levantamiento de todas las acusaciones contra ciudadanos" para el 1-O e instaban al Govern y al Gobierno a "encontrar una solución política" a la cuestión catalana.