Todos los detenidos de la operación Estela, el macrodispositivo con 500 policías españoles contra el presunto desvío de fondo públicos a partir de subvenciones para la cooperación internacional, han quedado en libertad y sin medidas cautelares. Muchos de ellos ni tan solo han pasado la noche en comisaría, les dejaron libres ayer mismo después de los cacheos. Los que hoy han comparecido ante el juez también han quedado ya en libertad y sin medidas cautelares. De los 30 detenidos, 25 quedaron ayer libres y 5 más han tenido que pasar por delante al juez.

Son Joan Carles Garcia, diputado y alcalde de Tordera; Jordi Castells, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat; Víctor Terradelles, presidente y patrón de la Fundación CATmón, y Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC hasta el 2014. Fuentes próximas al caso han explicado que serían las cinco personas con más responsabilidad en la presunta trama. Y son, según fuentes de la investigación, los de más responsabilidad dentro de la trama. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar y han salido de la sala de vistas pocos minutos después de entrar.

El juez de instrucción 1 de Barcelona, Joaquin Aguilar, les investiga desde hace un año por una denuncia después de que la CUP y la CGT llevara el caso en la Oficina Antifraude, también.

Los hechos se remontan entre el 2012 y el 2015 y hacen referencia a las subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona.

Según la investigación las subvenciones para ayudas para proyectos en países en desarrollo "transitaban de forma anómala" entre las cuentas bancarias de IGMAN, CATmón y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L., para finalmente ser reintegrado en efectivo, destinados a "sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a alimentar las cuentas personales de diversos implicados en la trama".

Pero el juez no tenía pruebas y de aquí la orden para registrar los despachos de la Diputació y varias sedes de fundaciones. Para hacerlo la policía española activó 500 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), 300 que hay en Catalunya, más 200 más que han venido de fuera.

Se hicieron registros en la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputació de Barcelona, en la calle Londres, con la presencia de Joan Carles Garcia. La policía entró también en la sede de la fundación Catmón de Reus, Igman, y la Plataforma Educativa de Girona. Entraron en fundaciones de Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils, Reus, Falset, Mataró, Manresa, Sant Cugat del Vallès y Arenys del Mar —o Arenas de Mar, como bautizó la Fiscalía a este municipio del Maresme—.

La policía ha entrado en 19 despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, sedes de fundaciones y en varias empresas, así como casas particulares de los que la fiscalía considera "principales miembros de la organización".