El diario Libération, el gran rotativo de la izquierda francesa famoso por sus portadas, ha pinchado el globo de euforia a favor del diálogo que había en la Moncloa con los indultos a los presos políticos, y ha advertido que después ha aparecido una "ducha de agua fría" por los 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas. "Después de las medidas de gracia, los independentistas obligados a pasar por caja", titula el diario avisando de que existe letra pequeña.

Según Libération, la distensión que representan los indultos ha quedado contradicha por la demanda del Tribunal de Cuentas. "Después de un poco de aligeramiento, ha sido una ducha fría para el independentismo catalán. El aligeramiento se produjo la semana pasada cuando el presidente Pedro Sánchez concedió el indulto a 9 dirigentes independentistas -que tenían penas de prisión de hasta 13 años- por haber organizado el referéndum de autodeterminación que se celebró en octubre del 2017", señala. "La ducha fría es la sanción que ha anunciado el Tribunal de Cuentas español contra varios excargos independentistas: sólo tienen quince días para pagar la colosal suma de 5,4 millones de euros. El motivo: "La responsabilidad civil por uso fraudulento de fondos públicos", indica.

Libération

"Catalunya: después de las medidas de gracia, los independentistas obligados a pasar por la caja", titula Libération

 

El dinero que reclama el Tribunal de Cuentas es motivo de polémica desde hace días en medios franceses y alemanes, especialmente por el posible embargo al prestigioso economista Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía.

La denuncia de una catedrática gallega

 

En paralelo, la catedrática de la Universidad de Santiago de Compostel·la Alba Nogueira ha desmontado las acusaciones del Tribunal de Cuentas contra el Diplocat, aportando el caso de unas jornadas académicas que organizó su centro universitario en colaboración con el organismo catalán, y que se centró estrictamente en las competencias de la Generalitat y en el interés general. Nogueira se acaba preguntando abiertamente si es competencia del Tribunal de Cuentas "fijar los límites de la libertad de expresión y el pluralismo político".

"En el 2014 la dirección del Diplocat me pidió coordinar a la Universidad de Santiago de Compostela unas jornadas académicas dentro de un ciclo que estaban organizando por varias universidades, aquí y en el exterior, sobre el marco legal para consultas ciudadanas", explica. Una parte de los ponentes eran catalanes y los otros, gallegos.

Nogueira insiste en que el coloquio fue totalmente plural. "Mediante la denominada diplomacia pública se buscaba dar a conocer la percepción de la cuestión catalana en el exterior, contrastándola con opiniones divergentes, para establecer un diálogo que abonara la comprensión mutua", explica.

Según la catedrática, la intención era realizar un debate abierto y con diferentes opiniones "en un entorno académico" y con tiro social para atraer al público. "Me dieron plena libertad para seleccionar la parte gallega e incluso para suplir agujeros en la catalana", argumenta.

"Me imagino que este es uno de los actos que sirve en el Tribunal de Cuentas para decir que se gastaron dinero en cuestiones que no son de interés general y que no formaban parte de las competencias catalanas. ¿Forma parte del control contable decidir la oportunidad de las políticas de las comunidades autónomas? ¿Decidir si los actos entran en el ámbito competencial autonómico? ¿Si una comunidad organiza un debate sobre el acuerdo de París o el cambio climático podría incurrir en irregularidad contable?", se pregunta llegando al absurdo.