Cuando Ester Capella asumió las competencias de la conselleria de Justícia, también asumió una parte del trabajo encargado anteriormente a Raül Romeva. Todo lo que hace referencia a la memoria histórica está en sus manos. Al margen de la ley de fosas y la de nulidad de los juicios franquistas, ya tiene encauzada una de las leyes más importantes de esta legislatura de su departamento: la ley de memoria democrática. Ester Capella es extremadamente crítica con el Estado español.

Ester Capella Consellera Justicia - Sergi Alcazar

¿Cuáles son sus objetivos con respecto a memoria histórica?

Algunas políticas del departamento son importantes como es la memoria democrática porque quiere decir apretar el acelerador, dado que vamos tarde. Vamos tarde. Y con eso el conseller Romeva hizo una apuesta muy determinada en su momento a través de la ley de fosas, y hay que hacer todo lo que se tendría que hacer. Abrir más fosas. Identificar a las personas. Vuelvo a pedir a todas las personas que tengan la noción de que algún familiar murió en el periodo de la guerra o la posguerra y no saben dónde está que cedan sus datos genéticos a través de la prueba del ADN; las podemos cruzar para identificar a las personas a medida que vamos recuperando cuerpos con las aperturas de grandes fosas.

¿Cuáles son las grandes fosas?

Tenemos muchas, pero las que nos impactaron son las del Soleràs y la de Miravet porque hablamos de 250 personas. Impacta la apertura de una fosa con tanta gente y tener la capacidad de apretar el acelerador para poder identificar a más personas. En memoria democrática el país ha hecho cosas. La ley de fosas, la ley de nulidad de los procedimientos judiciales. Las personas que reciben la nulidad tienen la satisfacción de que ese proceso no se celebró con garantías y que se rehabilita el nombre de la persona y a la persona. Son actos de reparación y de dar cumplimiento a los principios que tienen que inspirar las políticas de memoria, que son verdad, justicia y reparación, y establecer las condiciones de no repetición. Tenemos la ley de fosas, de nulidad, la ley del memorial democrático. Pero ahora toca hacer una apuesta clara de país.

¿Cuál es esa apuesta?

Tener una ley de memoria democrática propia, consistente en dar cumplimiento a estos principios que anunciaba. Obviamente eso exige que los vestigios que queden de la dictadura y la represión desaparezcan de plazas y calles, de villas y ciudades. Debemos eliminar los monumentos que todavía quedan. Y que eso no dependa de la voluntad política de un momento determinado, sino que sea una cuestión de país, de Estado, y que, por lo tanto, no valgan excusas. Y ya vamos tarde con todo eso. Hemos normalizado vestigios y normalizado monumentos que no podían ser normalizados y que ahora forman parte de las visiones de un pueblo y de una ciudad, 40 años después de la muerte del dictador, cuando ya no tendrían que estar. Por tanto, el país no ha hecho los deberes. Esta es una de las líneas principales.

¿Qué otras líneas hacen falta?

Está la necesidad de una comisión de la verdad. Vienen todas aquellas herramientas necesarias para reparar a las víctimas. Y colocar a las víctimas en el lugar que merecen y establecer todos los mecanismos para que todo eso no vuelva a ocurrir y para que las generaciones futuras sepan qué pasó. La desmemoria y el silencio atronador, que persisten, porque, deliberadamente, quien tenía las competencias más claras, que es el Estado español, aprobó una ley de memoria incompleta y que llegó tarde. Que no pueda ser anulado el juicio sumarísimo contra el president Lluís Companys dice muy poco de la calidad democrática del Estado español. Y ahora asistimos a este sainete de si se saca o no se saca al dictador del Valle de los Caídos; y ahora la paralización de la exhumación que seguramente dictará el Tribunal Suprem dice mucho poco. Y dice muy poco a favor de quien persiste con esta voluntad de que haya un silencio.

Ester Capella Consellera Justicia - Sergi Alcazar

¿Hasta dónde llega la ley?

Nosotros no nos quedaremos únicamente aquí. Iremos un poco más allá. En los primeros años de la Transición sucedieron muchas cosas. Se cometieron torturas en algunas dependencias policiales; algunas personas murieron en circunstancias que todavía no se han aclarado. Por lo tanto, tenemos la obligación. Y eso forma parte de nuestra historia reciente. Es una evaluación de hasta qué punto los principios democráticos están bien asentados o no están bien asentados. Y hemos visto muestras recientes de profundas carencias que hacen vulnerable a nuestro sistema democrático y a las mismas instituciones.

¿Existen plazos para la ley de memoria democrática?

Está el anteproyecto en fase de participación ciudadana y, en función de las aportaciones, la redacción estará condicionada. Tenemos ganas de que este proyecto se apruebe y el mecanismo está activado. Queremos que sea una ley que dé respuesta a todas las necesidades, no queremos que acabe con limitaciones.

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