El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha atacado a los tribunales europeos que no han entregado por rebelión a los políticos en el exilio. Lo ha hecho durante la apertura del año judicial, uno de los actos más importantes del curso, con todas las fuerzas judiciales representadas y presidido por el Rey.

Lesmes dice que han interpretado de manera "unilateral" preceptos jurídicos que son "autónomos" provocando una "grave incertidumbre". "Estas decisiones han provocado la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial", ha manifestado. El presidente de los jueces ha reivindicado "una Europa fuerte, unida, solidaria", que, según Lesmes, "tiene que consolidar su liderazgo mediante los valores del Estado de Derecho y, por este motivo, ante las dificultades, nuestra justicia está llamada a salvaguardar la Constitución, precisamente, por ser la expresión más intensa de nuestro compromiso con Europa"

Lesmes ha defendido la Constitución y ha dicho que cuando "resulta golpeada no se puede renunciar a defenderse" y ha reconocido que, en la efeméride de los 40 años de la Constitución, el Estado atraviesa uno de los "momentos más delicados de la historia reciente". También ha dicho que los ataques a la Constitución hacen al poder judicial "más fuerte".

En su discurso, Lesmes, ha relacionado el independentismo con la "posverdad" y ha afirmado que la actuación del poder judicial ha evitado daños mayores. "Ante la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos tienen que darse cuenta de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarticular ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional", ha declarado. "Si la respuesta no se produjera, el efecto sería demoledor", ha añadido.

El presidente de todos los jueces ha lamentado los "ataques personales" a magistrados y ha reprochado que las críticas a sus decisiones (como por ejemplo las resoluciones de Llarena o la sentencia de La Manada) no sólo vengan de la sociedad sino también de poderes políticos. En este sentido, considera que es "censurable" en el marco de la "normalidad y del respeto institucional". Por eso, ha recamado "responsabilidad y comprensión" a todas las instituciones para velar por la independencia de los tribunales.