La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha decidido pedir la recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, en el juicio por fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), según ha adelantado La Vanguardia. Barrientos es también el ponente de la sentencia. El presidente del TSJC ya fue recusado en el juicio en la Mesa del Parlament presidida por Roger Torrent, y hace pocos días el Tribunal Supremo ordenó repetir el de la Mesa del 2017 justamente por falta de imparcialidad de Barrientos y de otro magistrado. Este lunes 14 de noviembre se hacía público que Barrientos sería el ponente en el juicio de la presidenta suspendida del Parlament, a quien también juzgarán los magistrados Fernando Lacaba y María Jesús Manzano. Las funciones de magistrado ponente son las de estudiar el caso y plantear un borrador de la sentencia a sus compañeros.
El caso de la Mesa del Parlament
El Supremo ha ordenado al TSJC repetir el juicio contra la Mesa del Parlament del 2017 por falta de imparcialidad de Barrientos y de Ramos, ponente de la sentencia. El alto tribunal catalán había condenado a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó por desobediencia por haber tramitado iniciativas parlamentarias relacionadas con el procés que concluyó con el referéndum del 1-O. El Supremo ha anulado la sentencia porque considera vulnerado el derecho a un tribunal imparcial de los acusados, ya que dos de los magistrados habían exteriorizado previamente en resoluciones previas una toma de posición explícita sobre cuestiones que constituyeron objeto esencial del juicio.
El caso Borràs
Borràs, que también es presidenta de Junts per Catalunya, está a la espera de ser juzgada por los delitos de prevaricación y falsedad documental para fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalans (ILC) que dirigió hasta 2018 para adjudicarlos a un amigo, un caso que le costó la suspensión de su cargo como presidenta del Parlament. La Fiscalía pide una condena de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs, que se sentará en el banquillo al lado de los otros dos investigados a los cuales acusó la Fiscalía: su amigo Isaías H., adjudicatario de los contratos por quien el ministerio público pide la misma pena, y Andreu P., quien supuestamente elaboró facturas que permitieron enmascarar las irregularidades y que afronta una condena de tres años de prisión y diez de inhabilitación.
En concreto, el ministerio público acusa a Borràs de ponerse de acuerdo con Isaías H. para fraccionar de forma "ilegal" la contratación de la ILC para adjudicarle 18 contratos menores correspondientes a trabajos informáticos, por un valor total de 335.700 euros, mediante "presupuestos comparsa" elaborados "falazmente" por personas interpuestas.