Tribunal formado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, presidirá y será el ponente (es decir, redactará la sentencia) del juicio a la presidenta del Parlament en funciones, Laura Borràs en la causa de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), según ha informado estos lunes el gabinete de prensa del TSJC. El tribunal también lo formarán los magistrados Fernando Lacaba y María Jesús Manzano. La norma fija que el presidente del TSJC siempre tiene que presidir los juicios del alto tribunal catalán; pero no ser el ponente. La excepción fue con el juicio en la segunda mesa del Parlament, al ser recusado por Josep Costa, y admitido.
El tribunal tendrá que valorar ahora las pruebas solicitadas, como una pericial vital para Borràs, y fijar la fecha del juicio. La defensa de Borràs, ejercida por Gonzalo Boye, o las defensas de los otros dos acusados, podrían pedir la recusación de Barrientos.
Los magistrados escogidos
En una resolución, datada el 8 de noviembre pasado, el letrado de la Administración de Justicia informa que se ha procedido a completar el tribunal para juzgar Borràs, con una magistrada de la sala de apelaciones del TSJC, tal como se realiza habitualmente, y en este caso es la magistrada Manzano. Además de Barrientos, el tercer magistrado es Fernando Lacaba, que fue bastantes años presidente de la Audiencia de Girona, y ganó una plaza a la sala de lo civil y penalti del TSJC. La formación del tribunal se ha comunicado a la Fiscalía Superior de Cataluña y a las tres defensas, puesto que podrían presentar recurso contra sus componentes.
Las penas solicitadas
La Fiscalía presentó el escrito de acusación del caso ILC el julio pasado, y solicita que Laura Borràs sea condenada a 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 al 2017. En concreto, se acusa Borràs de haber adjudicado 18 contratos menores sin concurso, que suman más de 309.000 euros, sobre la programación y mantenimiento del portal web de la Institución a su amigo Isaías Herrero, por quien la Fiscalía también pide la misma pena de prisión. Al final, la Fiscalía no acusa Borràs de malversación de fondos públicos, a pesar de que fue procesada por este delito, ni tampoco por fraude administrativo. Por el contrario, Boye pide la absolución de Borràs, puesto que sostiene que no ha existido fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles, ni decisiones arbitrarias.
Una de las primeras acciones del tribunal, si no es cuestionado, será analizar la documentación y las pruebas aportadas, así como los testigos solicitados por el juicio. En el caso de Borràs, ha pedido que tres ex consejeros de Cultura declaren como testigos.