Laura Borràs lo tiene claro: el Tribunal Supremo no podrá demostrar ninguna de las acusaciones que se ciernen sobre ella y el único objetivo detrás de su imputación responde a la voluntad "de abatir a los adversarios políticos desde el punto de vista judicial y no político". La líder de Junts per Catalunya en el Congreso ha salido así al paso de la noticia conocida hace unas horas de la apertura oficial de una investigación en el Supremo por prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. "No he cometido ningún delito", ha sentenciado.
En declaraciones a los medios desde el Parlament de Catalunya, la exconsellera de Cultura ha insistido, como ya hizo hace meses en una comparecencia voluntaria en la cámara catalana, que "no ha habido ningún tipo de perjuicio para el erario público" durante su gestión al frente del Instituto de las Letras Catalanas "y no podrá demostrarse". Borràs, uno de los principales activos electorales de JxCat -ha sonado incluso como posible cabeza de lista en unas futuras elecciones catalanas- ha señalado directamente a "las cloacas del Estado".
La causa contra Borràs tiene origen en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que empezó a investigarla de manera extraoficial. Desde su entorno apuntan que el inicio de la investigación es ilegal, porque entonces era consellera y el caso tendría que haber ido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Ahora, el proceso judicial ha pasado a manos del Tribunal Supremo porque es diputada en el Congreso. Es la misma situación con la cual se encontró el exconseller de Mas, Francesc Homs por el 9-N.
La imputación se basa en supuestas irregularidades en adjudicaciones cuando estuvo al frente del Instituto de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018.