En el juicio al major Josep Lluís Trapero se ha hecho una radiografía territorial de lo que pasó el 1-O a partir de los testimonios de los jefes de cada una de las regiones de los Mossos d'Esquadra.
Todos han relatado las órdenes que tenían y cómo cambiaron las instrucciones cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dio la orden de cerrar puntos de votación pero sin romper el orden público y con proporcionalidad.
También han coincidido en que, desde el primer momento, el dispositivo para el 1-O era conjunto con el CNP y la Guardia Civil. Los binomios eran el recurso para llegar hasta el último punto de votación y tenerlo todo controlado, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como apoyo en las tareas de orden público. Pero, según el comisario Xavier Monclús, responsable de la región policial de Lleida, cuando el mismo día de la votación Ferran López vuelve de la primera reunión de coordinación, les comunica que desde la delegación del Gobierno actúan por su cuenta.
Hasta aquel momento estaba claro que se trataba de un solo dispositivo que tenía que contar con el esfuerzo de todos. Monclús ha destacado también lo que representó para los Mossos d'Esquadra que desde el TSJC se diera la orden y que hiciera especial referencia a la proporcionalidad.
El escenario cambiaba radicalmente. Sin embargo, de hecho, aquella última semana de septiembre, hubo varios imprevistos que marcaron los preparativos para el dispositivo de seguridad del 1-O. Entre ellos, el auto del TSJC, mucho más ponderado, que pasaba por encima de las instrucciones de la Fiscalía, y que ha quedado recogido en la declaración hoy como testigo de Josep Maria Estela, jefe de la región policial de las Terres de l'Ebre.
Entre los comisarios que han declarado hoy estaba Josep Milán, que ha destacado que no se hicieron seguimientos a agentes de otros cuerpos policiales.