La Universidad de Barcelona ha exigido una investigación "independiente" y "rigurosa" para pedir responsabilidades de los "posibles daños y perjuicios" causados a los profesores, estudiantes y profesionales espiados en el caso CatalanGate. Entre los afectados se encuentra la profesora de economía y presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, el jefe de la oficina del presidente Puigdemont y profesor de historia asiática, Josep-Lluís Alay, y la profesora de la universidad, Maria Cinta Cid. La institución ha pedido también que se ponga fin "inmediatamente" a estas "injerencias arbitrarias" y "sin ninguna garantía judicial" que ha sufrido el entorno independentista, según reveló la organización Citizen Lab. Además, la UB ha anunciado que pone en disposición de las personas afectadas "todos los recursos jurídicos e institucionales" para acompañarlas en esta situación y "garantizar que no vuelvan a vulnerar sus derechos".
La universidad, por lo tanto, se ha puesto al lado de las víctimas del ciberespionaje, denunciando la "vulneración de la vida privada" de los individuos directa o indirectamente afectados y las "vulneraciones éticas básicas" en términos de privacidad y protección de datos. Es por eso que la UB reivindica la importancia de "persistir en la defensa de los derechos fundamentales" del conjunto de la ciudadanía y, también, de los "principios básicos de un estado democrático y de derecho". "Pedimos a las autoridades competentes una investigación independiente y rigurosa que permita, cuanto antes mejor, establecer los elementos fácticos utilizados, dirimir las responsabilidades apropiadas y reparar los posibles daños y perjuicios ocasionados a las personas espiadas", ha exigido la institución.
Citizen Lab, grupo
Después de destapar el caso de espionaje a 65 personas del entorno independentista, el líder de Citizen Lab, Ronald Deibert, remarca que es necesario averiguar "quién ordenó el espionaje, quién pagó para|por Pegasus, cuánto se pagó y qué tipo de autorización se otorgó". Deibert ha evitado señalar directamente al Estado español como el responsable, pero ha asegurado que "no atribuimos el espionaje que hemos destapado en ninguna agencia del Gobierno en particular", pero ha añadido: "Si es el Gobierno (quien está detrás de este espionaje), no me sorprendería".
El director de Citizen Lab ha expuesto que la mayoría de los Estados tienen la obligación de llevar a cabo tareas de vigilancia, sin embargo, estas actividades tienen que poder ser fiscalizadas y no tienen que ser opacas, el que sí que se da en el caso del CatalanGate. Esta circunstancia ha llevado a Deibert a alertar de que este caso "tiene que ser un toque de atención" que muestre las flaquezas en el control de las actividades de los servicios de Inteligencia españoles. Justamente por esta opacidad ha pedido: "El ideal sería organizar una investigación especial sobre el CatalanGate, que esté a cargo de una entidad independiente y bien dotada (...). También creo que la Unión Europea tendría que iniciar una investigación aparte, ya que algunos de los ataques tuvieron lugar mientras las víctimas estaban en Bélgica, Alemania y Suiza. Se suplantó la identidad de ONG a Suiza para engañar a las víctimas, cosa que es muy inadecuada".