El proyecto de la conselleria de Salud, que encabeza Toni Comín, de garantizar la asistencia sanitaria universal en Catalunya tendrá un coste de 2,6 millones de euros al año 2017, según este departamento.
El Gobierno quiere “blindar” con una ley la asistencia sanitaria universal con independencia de la situación administrativa de los residentes y eliminando cualquier tipo de desigualdad.
En caso de que el proyecto pudiera entrar en vigor el mes de julio de este año, el coste sería de 1,3 millones para el 2016, que podría ser asumido por el Govern incluso en caso de que no hubiera un nuevo presupuesto y fuera necesario continuar con las cuentas prorrogadas.
Paralelamente, el departamento dejará de ingresar 115.000 euros anuales en función de las prestaciones que abonaban las personas que no figuraban en el sistema catalán de Salud y que ahora sí entrarán.
El consell ejecutiu ya aprobó a finales de marzo la memoria preliminar del anteproyecto. La ley eliminará la carencia temporal de tres meses de empadronamiento mínimo que exigían las instrucciones anteriores para poder acceder a la cartera básica de Salud, que incluye la asistencia básica y especializada.
Este tema es también fuente de conflicto entre el Gobierno catalán y el español. Una instrucción de la Generalitat que garantizaba casi en todos los supuestos al cobertura sanitaria de las personas sin papeles fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo admitió a trámite.
El Gobierno no tendrá dificultades, sin embargo, para sacar adelante esta ley incluido en sus propuestas electorales dado que también figura en el anexo del acuerdo firmado entre JxSí y la CUP con la declaración de desconexión del 9N.