"Cómo puede ser que las personas con más vulnerabilidad no se trasladaran a los hospitales?". La presidenta de la patronal ACRA, que agrupa las residencias, Cinta Pascual, es clara. En declaraciones en El Nacional dibuja como se ha vivido la crisis del coronavirus dentro de los centros, la falta de recursos, la vulneración de derechos fundamentales y la situación poscolapso que abre ahora una puerta judicial.
"Lo que hemos sufrido como sector es importante", dice. "Podemos entender que algunos de los positivos se podían recuperar en casa", expone a Pascual remarcando que en el caso de los residentes se trataba de personas vulnerables, de riesgo, y que estuvieron condenados a quedarse en un centro sin las garantías médicas que hacían falta para poder estar bien atendidos. "No han tenido el derecho a la sanidad universal", denuncia. El modelo actual de residencias "ha fallado en el momento clave, admite. "Como sector piensan que ha fallado la falta de EPI, de PCR, y que los servicios médicos se han activado con cuentagotas", añade.
Ahora, cuando la crisis continúa, y en algunas residencias todavía no se ha podido resolver todo el colapso, pero la situación ha mejorado respeto a principios del mes de abril, hay que analizar qué ha pasado "para aprender de los errores", dice Pascual.
Hemos sido abandonados
"No lo puedo entender. Hemos sido abandonados. ¿Cómo puede ser que no nos dotaran de recursos? Nos decían que los residentes se morirían igual", relata la presidenta de la patronal ACRA para mostrar la "frustración" que se sintió en los centros cuando la pandemia se mostró imparable y no tenían autorización para derivar personas mayores enfermas a los hospitales. "Ha quedado claro que ante una pandemia así, si tienes más de 80 años, lo tienes negro", sentencia Cinta Pascual.
"Hemos sido abandonados", dice Pascual, cuándo describe los momentos de máximo estrés con un contagio imparable, el incremento de muertos en los centros, la falta de atención médica y de material, y las bajas constantes del personal.
ACRA envía un primer correo electrónico a la Generaltiat el 12 de febrero preguntando qué pasará con las personas mayores cuando llegue a Catalunya el coronavirus. El mail se envía un mes antes de que se decrete el estado de alarma y viendo lo que estaba pasando en países como China o Italia.
El 20 de marzo, la patronal se vuelve a poner en contacto con la conselleria de Treball, Assumptes Socials i Família. Pero aunque "la comunicación nunca ha dejado de estar, no había respuesta", dice Pascual.
Las únicas instrucciones que tienen es que se aísle quien tenga síntomas, pero con la evolución de la enfermedad ya más adelantada se ha podido constatar que un tercio de los positivos eran asimptomàticos y que, por lo tanto, la medida no era ninguna garantía de evitar el contagio.
La patronal denuncia que las residencias se están más de 15 días sin EPI. Y que en los protocolos no quedaba claro si se tenían que utilizar las mascarillas. "No habia EPI y no decían que se pusieran mascarillas", dice Cinta Pascual. Según la presidenta de la Patronal Bienestar Social i Famílies lo decía todo con la boca pequeña porque no había material y lo que proporcionaban no llegó hasta finales del mes de marzo: "un pack, que eran dos mascarillas y unas gafas".
Para Pascual son claves los últimos días del mes de marzo: "15 días de incertidumbre que hacen que el contagio sea muy alto".
Autocrítica
Pascual no tiene ningún problema en hacer autocrítica. A las direcciones de las residencias se las ha acusado de opacidad y falta de transparencia. Tanto con los datos, como en la información de cada uno de los residentes y también al no dejar que los familiares mantuvieran el contacto con ellos. El protocolo de defunciones que permite que una persona se despida del residente también saltó por los aires en muchos de los casos.
Ante estos hechos, la presidenta de ACRA, hace autocrítica y admite que "en el momento de más colapso se priorizó la atención a las personas y en algunos centros se dejó de comunicar con los familiares en algunos momentos". "Había colapso y no había la antención sanitaria necesaria. Era muy desesperante", añade Cinta Pascual.
También detalla que no se podían detallar a los familiares las causas de la muerte porque "no sabían si morían de Covid-19" porque no se habían podido hacer los tests ni las las pruebas PCR. Y se queja de que en las residencias públicas, las que dependen de la Generalitat y los ayuntamientos, tampoco se daba el dato.
La telaraña judicial
Cuando todavía no se ha podido controlar la pandemia ni la crisis en las residencias, han empezado a caer las primeras denuncias. La Fiscalía, además, investiga 101 residencias en Catalunya, tanto por la vía civil como por la penal.
"Es ilógico que haya denuncias a quienes gestionan residencias", dice Cinta Pascual, aunque entiende que ante la frustración "la gente tiene derecho a hacerlas" y sentencia: "Se sabrá todo lo que ha pasado".
"¿Alguien le pide responsabilidades a un hospital donde también muere gente?", pregunta Pascual. "Hay familias que buscan culpables", dice, pero entiende que es fruto del hecho de que "la frustración que todo el mundo ha vivido como sociedad es muy fuerte".
También recuerda que "hay asociaciones de familiares que se crearon para ir contra los concursos públicos". En este sentido ACRA argumenta que "al mismo tiempo de valorar la empresa en un concurso público es delgada la calidad del servicio. La prioridad no tiene que ser el precio".
ACRA no descarta denunciar también. "En Catalunya estamos trabajando en ello", dice, pero la patronal que incluye centros de toda España también está haciendo un planteamiento global de la situación. Se ha vulnerado el derecho al auxilio en muchos de los casos y hacen responsables a las administraciones. A todos los niveles. Porque hay residencias públicas que dependen de la Generalitat y de otros que son municipales y dependen de los ayuntamientos. En este sentido critican a los alcaldes que han denunciado: "Poneos un mono y poneos a trabajar". Para ACRA estas denuncias de las administraciones son para "echar pelotas fuera". También reconocen que habido alcaldes que han ayudado yendo a buscar personalmente los EPI: "Aquí está la diferencia.
"No es humano que después de todo eso se nos quiera responsabilizar", concluye.
El futuro
"Tiene que haber un cambio de planteamiento urgente", dice la presidenta de la patronal ACRA, Cinta Pascual, ante la crisis del modelo que se ha visualizado a raíz de la Covid-19. Hace falta que se garantice la sanidad pública, hace falta más personal, y hay que trabajar en más unidades que permitan trabajar en espacios compartidos más pequeños. En este sentido según Pascual "es urgente hablar y después crear un futuro con un modelo para garantizar la sanidad universal".
"Queremos ser espacios de vida. Queremos cuidar a la gente. Nos hemos convertido en servicios de algodón", reivindica Pascual, a la vez que pone de relieve que "las personas que se morían eran gente con nombres y apellidos para nosotros, no un número".