La votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados llega a los tribunales. El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha abierto diligencias para investigar si hubo un delito informático durante esta votación, después de que el diputado del PP Alberto Casero votara en contra de lo que tenían que votar los parlamentarios de su formación. Se trata de un posible error humano que permitió que la reforma laboral se aprobara, después de que dos diputados de UPN rompieran la disciplina de voto de su partido para votar en contra de su aprobación. Casero argumenta todavía ahora que su error se produjo por problemas técnicos. Sin embargo, esta posibilidad no parece que sea mucho posible, ya que sí que pudo votar con normalidad en el resto de preguntas que se hicieron a los diputados durante el Pleno de la cámara baja.

Este viernes, pues, la agencia Europa Press ha informado de que el magistrado instructor de esta causa explica en el auto que la decisión la ha tomado a instancias de un particular que ha solicitado a la Guardia Civil que requisara el ordenador en el cual votó el diputado popular, que se ha convertido en uno de los protagonistas del Congreso en las últimas horas. Por otra parte, el denunciante también habría solicitado a la Guardia Civil que acceda al Congreso de los Diputados para "proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios". El juez Adolfo Carretero ha considerado, por lo tanto, que todavía no hay motivos suficientes para sacar adelante una entrada en la cámara baja de este tipo. Ahora bien, no ha descartado que esta acción sí que se tenga que salir adelante, dependiendo de cómo adelante la investigación que ahora ha puesto en marcha al juez. Dicho esto, el magistrado también ha trasladado estas actuaciones al Ministerio Fiscal con la intención que presente informe al respecto.

El magistrado ha aclarado que, para que la Guardia Civil se persone en el domicilio de Alberto Casero y examine terminales y sistemas, "se precisa autorización" del diputado del PP, hecho que no consta, o bien un auto de entrada y registro judicial "basada en indicios claros de delito y no en simples sospechas, como las que constan en la denuncia presentada". Para hacer este procedimiento en el Congreso de los Diputados, también se requiere la autorización de Meritxell Batet, presidenta del hemiciclo, según dispone el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tampoco "consta" en estos momentos. De esta forma, el juez también ha justificado que "no hay urgencia para la práctica de estas diligencias". Ahora, la investigación se tendrá que someter a reparto para poder determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla se ocupa de esta. El autor de la denuncia es un abogado que ya ha presentado otras dos denuncias contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ambas están archivadas.

A todo eso, la ejecutiva de UPN ha propuesto expulsar del partido a los dos diputados que rompieron la disciplina de voto e intentaron que la reforma laboral no saliera adelante. Ellos argumentaron que no tienen que obedecer siempre lo que dice su formación, y que su trabajo como diputados es ejercer la libertad de voto y defender los derechos de los ciudadanos que representan.