El recurso de los presos independentistas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo será un caso "importante" y "potencialmente histórico" en Europa, según los expertos consultados por la ACN. "Podría tener repercusiones más allá de Catalunya y España", apunta a la directora por Europa de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Roisin Pillay. También Alain Zysset, profesor de Derecho Público de la Universidad de Glasgow especializado en el TEDH, cree que será un caso "extremadamente significativo" porque Estrasburgo tendrá que examinar si un asunto político, como es el referéndum de independencia, ha acabado afectando al derecho de los presos a un juicio justo.

Zysset avisa de que el TEDH es "bastante conservador" en sus interpretaciones sobre derecho político, recordando la desestimación de la demanda de la presidenta del Parlamento Carme Forcadell por la suspensión del pleno. Sin embargo, el experto remarca que este recurso será diferente porque trata de una posible vulneración de derechos fundamentales en la aplicación del código penal. "No importa si son políticos o miembros de la sociedad civil, los derechos aplican por igual", añade, negando que el TEDH se mire con un prisma diferente el caso de los exconsellers y Forcadell del de los Jordis.

Por otra parte, la abogada Roisin Pillay ve interesante el caso porque "plantea cuestiones importantes sobre la definición del delito de sedición". En particular, hasta qué punto este crimen puede limitar el derecho a la libre expresión. En este sentido, avisa de que si Estrasburgo dictamina que el delito de sedición en España es contrario a los derechos humanos, el Gobierno se verá obligado a cambiar el código penal.

Estrasburgo y los presos

El independentismo ha abierto esta semana una nueva etapa judicial llevando la causa del procés a la máxima instancia europea sobre derechos fundamentales. El presidente de Òmnium Jordi Cuixart ha sido el primer preso a poner en la mesa de los magistrados europeos la condena del Tribunal Supremo para el referéndum del 1-O. Presentó el miércoles la denuncia contra España al TEDH y, al día siguiente, lo hizo también el exconseller de Presidencia Jordi Turull.

En los próximos meses se espera que vayan llegando los recursos del resto de presos para quejarse de la vulneración del derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión y reunión en la causa del 1-O.

El funcionamiento del TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional con sede en Estrasburgo que se encarga de aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos ratificada por 47 estados miembros del Consejo de Europa. No tiene nada que ver con la Unión Europea, que es otra organización regional formada por 27 estados. Su función es garantizar que los estados respetan los derechos de la Convención estudiando peticiones individuales o de los estados que hayan agotado a las vías internas de recurso. Sus sentencias dictaminan si se han vulnerado o no los derechos humanos.

"El TEDH no es el Tribunal Supremo de Europa. No deja de ser un tribunal internacional que sólo tiene poderes para determinar si se ha vulnerado la Convención", aclara Zysset.

¿Cómo se gestionan los recursos?

Cuando el TEDH admite de entrada un recurso lo adjudica a un comité o a una sala. Si se trata de un caso sobre el cual ya hay una amplia jurisprudencia irá a parar a un comité de tres jueces. En cambio, si se considera un caso relativamente nuevo, la examina una sala de siete jueces, que comunica al gobierno en cuestión la queja y le permite presentar observaciones.

Ningún recurso se envía directamente a la Gran Sala formada por 17 jueces, pero una sala puede redirigir el caso a esta máxima instancia si es un asunto importante que afecta a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos o si hay riesgo de incongruencia con una decisión previa del TEDH. También se puede remitir un caso en la Gran Sal a petición de cualquier parte en el plazo de tres meses desde la resolución de la sentencia por parte de la sala de 7 jueces, pero el Tribunal sólo lo acepta en casos excepcionales.

Tan Pillay como Zysset ven posible que el caso de los presos acabe en manos de la Gran Sala del TEDH, aunque no hay unos criterios "claros" sobre la remisión a esta instancia. Tampoco está claro si habrá una vista judicial por el caso del 1-O, ya que son infrecuentes en Estrasburgo. El TEDH sólo convoca a las partes a una audiencia en un reducido número de casos de la Gran Sala, unos 30 al año. Todas las vistas son públicas y se retransmiten a la web del tribunal.

Tiempo de resolución

El procedimiento en Estrasburgo puede tardar años a resolverse. La duración del procedimiento depende del tipo de caso y su complejidad. Por ejemplo el recurso de la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell para la suspensión preventiva del pleno posterior al 1-O se desestimó en dos años desde su presentación. En cambio, el recurso contra la crema de fotos del rey a Girona tardó más: tres años. Algunos casos se pueden llegar a alargar cinco años, pero el tribunal está intentando desencallar la acumulación de casos que arrastraba hace unos años.

El TEDH resuelve por la vía urgente los temas más graves que implican un riesgo para la vida o si el afectado se encuentra encarcelado, como es el caso de los presos ahora mismo.

¿Son sentencias vinculantes?

Pillay asegura que las sentencias de Estrasburgo son "legalmente vinculantes" para los estados miembros del Consejo de Europa que han ratificado la Convención Europea de los Derechos Humanos, como por ejemplo España. La experta admite que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son "más fáciles" de hacer cumplir porque la ley de la UE está "mucho más integrada" a los sistemas legales de los estados.

En cambio, Zysset cree que los estados tienen "más margen de maniobra" para aplicar las sentencias de Estrasburgo. "El sistema del TEDH es exitoso con respecto a la implementación de sus decisiones, así que se puede esperar que España aplique la sentencia, si es desfavorable", puntualiza.

Imagen principal: Jordi Cuixart, Jordi Turull y Joaquim Forn durante el juicio / EFE