La Guardia Civil sostiene que hay indicios y evidencias suficientes de que el exconseller de Justícia de la Generalitat i actualmente diputado de JxSí, Germà Gordó, actuó como "mediador" o "conseguidor", junto al extesorero de Convergència Andreu Viloca en la trama del 3%, según ha revelado la Cadena Ser.
Las acusaciones a Gordó se han hecho públicas en vigilias de que se reemprenda el juicio por el espolio del Palau, y que se concreten las amenazas de Jordi Montull, mano derecha de Fèlix Millet y segundo principal acusado, de implicar también a CDC, lo que formaría parte de un pacto con la Fiscalía para salvar a su hija.
Se da el caso de que Gordó, a diferencia de Viloca, no está implicado en la causa del 3% que sigue el juez de El Vendrell Josep Bosch. Los investigadores han propuesto al juez, hasta ahora sin éxito, que autorice a intervenir dispositivos móviles al exconseller, así como la entrada y registro en su vivienda.
Las últimas revelaciones que se han incorporado al sumario del 3%, centrado en las presuntas comisiones de empresas a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, incluyen presuntas irregularidades en al menos 19 contratos realizados entre 2010 y 2015 por importe de decenas de millones de euros en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, según la Ser, que cita documentos a los que ha tenido acceso. Estos contratos estarían vinculados con 20 donaciones de casi 700.000 euros a fundaciones del partido nacionalista.
La Guardia Civil sostiene que Gordó era un "elemento necesario para conseguir mediante su influencia política adjudicaciones fraudulentas y alteradas de obras públicas en las administraciones licitadoras donde su partido CDC tenía responsabilidades directas como poder adjudicador de contratación pública".
19 contratos irregulares
Uno de los casos más sorprendentes, entre los 19 relacionados, detalla que Germà Gordó llegó a presionar a directivos de la mercantil Repsol para conseguir que realizasen una donación de 30.000 euros.
Según la Guardia Civil, Gordó era la persona con la que contactaban los empresarios como "mediador" o "conseguidor" junto con Viloca "para permitir el acceso de empresas concretas privadas a determinadas licitaciones públicas que en algunos casos resultan irregulares".
Por ello, la Guardia civil sostiene que Gordó habría cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.