La Fiscalía de Barcelona ha empezado ya a investigar las subvenciones del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona al Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, entidades todas ellas vinculadas a la alcaldesa, Ada Colau.
Este vínculo y la "reiterada e injustificada concesión de subvenciones", es el que la asociación Abogados Catalanes por la Constitución justifica para presentar la denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Según la denuncia, estas asociaciones han recibido en los últimos años y por varios conceptos subvenciones por valor de 3,4 millones de euros, de los cuales 1,2 han ido a parar al Observatorio DESC y 645.629 a Ingenieros Sin Fronteras. Los denunciados son la alcaldesa Ada Colau, la exconcejala de Ciutat Vella Gala Pin, la exconcejala de Drests Socials, Laia Ortiz, la cuarta teniente de alcalde Laura Pérez Castaño y la asesora municipal de Habitatge, Vanesa Valiño.
Abogados Catalanes por la Constitución sostiene en el escrito de la denuncia presentado delante de la Fiscalía que, desde la llegada de Ada Colau al consistorio en 2015, el equipo de gobierno municipal ha otorgado subvenciones a asociaciones con las cuales mantenían estrechos vínculos personales y profesionales, subvenciones que fueron cuestionadas por el interventor municipal. Sostienen los denunciantes que se otorgaron a veces de forma directa y con carácter excepcional y en la mayoría de los casos para finalidades sobre las cuales el Ayuntamiento no tiene competencias.
El reparto de subvenciones
En total, aseguran los denunciantes, han recibido 3,4 millones de euros en ayudas el Observatorio DESC (1,2 millones), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ISF).
Según los denunciantes, las subvenciones fueron otorgadas para finalidades sobre las cuales el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias y en contra del criterio del interventor municipal, por haberse otorgado indebidamente mediante procedimientos de excepcionalidad.
La tranquilidad de Colau
Según la alcaldesa, tanto la Secretaría como los servicios jurídicos municipales mantienen que "no hay nada desfavorable" en la adjudicación, aunque sí hay un comentario general del interventor que recuerda que las subvenciones se tienen que adjudicar por concurrencia pública o consolidando presupuesto siempre que se pueda.
Preguntada por si dimitirá si es procesada, ha dicho que si finalmente el juez los investiga formalmente ya analizarán cómo actuar, y ha añadido: "No creo que haya ninguna causa porque son subvenciones regladas".
Colau ha asegurado que Abogados Catalanes por la Constitución ya les han llevado ante los tribunales otras veces y que es una asociación que "se ha significado por hacer querellas muy políticas".
En este sentido, ha sostenido que el hecho de que su Gobierno "se haya posicionado muy fuerte contra la especulación en la ciudad" les ha generado adversarios políticos, y que tanto ella como diversos concejales han recibido querellas que después han sido archivadas.
También ha destacado que el consistorio destina más de 80 millones de euros anuales a entidades sociales en subvenciones y que durante su mandato ha puesto en marcha iniciativas para limitar las subvenciones directas desde alcaldía: "Hemos formalizado mucho el circuito del otorgamiento de subvenciones".