La Fiscalía de Barcelona solicita una pena de inhabilitación de un año y ocho meses para el expresident de la Generalitat Quim Torra por un presunto delito de desobediencia por negarse a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1- O, a pesar del requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En el escrito de acusación, el fiscal pide también imponer una multa de cien euros diarios a Torra durante diez meses y recuerda que el entonces presidente manifestó "su clara voluntad de no atender ninguna orden que se le pudiera dar al respecto" después de los requerimientos judiciales.
A principios de mayo la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de apelación del president Quim Torra y dio el último paso para llevarlo a juicio por la segunda "desobediencia". La segunda pancarta, que reclamaba la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados desde la fachada del Palau de la Generalitat, se colgó fuera del periodo electoral, el 23 de septiembre del 2019.
La entidad españolista Impulso Ciudadano pidió en junio del 2019 a la sala del contencioso-administrativo del TSJC que, como medida cautelar, obligara a Torra a retirar la pancarta con el lema Libertad presos políticos y exiliados en catalán e inglés, y un lazo amarillo. La sala contenciosa-administrativa admitió la petición de medidas cautelares y el 19 de septiembre dictó la orden de retirada, que fue comunicada personalmente a Torra el 23 de septiembre, dándole un plazo máximo de 48 horas. No obstante, el 20 de septiembre Torra ya emitió un comunicado asegurando que no acataría la orden. Torra no descolgó la pancarta alegando que la decisión no era firme y se podía recurrir. Según el expresident, la pancarta era un ejercicio de los derechos de libertad de expresión, participación política y ejercicio de cargo representativo.
El 25 de septiembre la Generalitat presentó un recurso de reposición contra el auto del TSJC donde pedía la suspensión de la medida cautelar. Al día siguiente el TSJC recordó que el recurso no suspendía la orden. El 27 de septiembre, poco después de las 12 del mediodía, una letrada de la administración de justicia levantó acta constatando que la pancarta seguía en su lugar. Entonces el TSJC ordenó al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra la retirada de la pancarta. Poco después de las 3 de la tarde los Mossos de Esquadra acudieron al Palau de la Generalitat con la orden, que se acabó cumpliendo por parte de trabajadores del edificio.
Con respecto a la pena de inhabilitación, la Fiscalía pide que sea para el ejercicio de cualquier cargo público electo o de gobierno de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y que esta inhabilitación comporte la privación "definitiva" de estos cargos públicos y de los honores que comportan, así como la imposibilidad de obtenerlos durante el tiempo de condena.
Para el juicio, la Fiscalía pide que declare como testigo un inspector de los Mossos d'Esquadra que habría recibido la orden de retirar la pancarta.
Segundo juicio
Esta es la segunda causa judicial contra el expresident Torra para mantener en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta con un mensaje de apoyo a los presos del 1-O, después de ser condenado a un año y medio de inhabilitación en la primera causa.
El tribunal dio a Torra 48 horas para retirar la pancarta sobre los presos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat. Finalmente, fue retirada el día 27 por el cantautor y exdiputado Lluís Llach, la actriz Sílvia Bel, el periodista y exdiputado de la CUP, Antonio Baños y la portavoz de Somescola, Teresa Casals.
Momento del intercambio de pancarta / Europa Press
La defensa de Torra presentó un recurso de súplica contra la admisión a trámite de esta causa, pero el tribunal lo rechazó la semana pasada. Previamente, ya había desestimado las recusaciones de los magistrados planteadas por la misma defensa.