La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que abrió en el 2019 al grupo parlamentario de la CUP por un posible delito de malversación de fondos públicos, al destinar una partida de las subvenciones que recibía a promocionar el referéndum independentista del 1-O. Según han informado fuentes jurídicas, la investigación, que llevaba la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto, se ha archivado por orden de la Fiscalía General del Estado en virtud de un informe de su secretaría técnica que descarta que los gastos bajo sospecha del grupo CUP-Crida Constituent tengan "relevancia penal".

¿Qué se investiga?

La investigación se abrió a raíz de la información que Ciutadans hizo llegar a la Fiscalía advirtiendo que la formación anticapitalista había destinado una parte de la dotación presupuestaria que su grupo recibió del Parlament a actos de promoción del referéndum del 1-O. En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción empezó la investigación en febrero, pero esta se detuvo durante el confinamiento. Después, se va vuelto a activar, hasta ahora.


En el marco de estas diligencias —cuyo archivo avanza hoy el diario El Punt Avui—, la fiscal interrogó como investigado a un responsable del partido y a una veintena de testigos vinculados al destino de los gastos bajo sospecha. Se trata de dos partidas presupuestarias del grupo parlamentario de la CUP-Crida Constituent, de 168.000 y 13.000 euros, respectivamente, con las cuales se pagaron la edición de dípticos, libros y vídeos vinculados con el referéndum independentista.

En el escrito que presentó ahora hace un año, la formación naranja recuerda que la legislación establece que las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios a través del presupuesto del Parlament para desarrollar sus funciones no se pueden destinar en ningún caso "a sufragar actividades ilícitas", como lo era, a su parecer, "el referéndum ilegal del 1-O".

La versión de la CUP

La formación anticapitalista mantiene que los gastos investigados se aprobaron durante el verano del 2017, meses antes que el Tribunal Constitucional suspendiera el referéndum y advirtiera a numerosos cargos públicos de su obligación de impedir cualquier iniciativa encaminada a llevarlo a cabo.

En concreto, la campaña de apoyo al referéndum del 1-O llevaba por lema ¡Barrámoslos! Desobediencia, autodeterminación, Països Catalans. Además, iba acompañada de un cartel donde se veía ilustrada a una mujer barriendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al rey Felipe VI; al expresidente del Gobierno José María Aznar; a los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, y al cardenal Rouco Varela, entre otros.

Imagen principal: Uno de los actos de la CUP antes del referéndum del 1 octubre / Agència Catalana de Notícies