El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana el Informe 2021 sobre Derechos Humanos y Democracia en el mundo, que incluye una enmienda del eurodiputado de Esquerra Republicana Jordi Solé sobre el software espía Pegasus y la amenaza de que supone para defensores de Derechos Humanos, políticos y periodistas para coaccionar la actividad. Concretamente, el texto insta a la Unión Europea a liderar una moratoria global sobre la venta, transferencia y uso de la tecnología de espionaje.

El uso del programa de espionaje Pegasus por parte de gobiernos de la Unión Europea para vigilar a periodistas y políticos de la oposición, entre otros, ha sido un escándalo que ha sacudido toda la Unión Europea. También Catalunya, donde varios líderes independentistas, como el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, fueron víctimas del espionaje a través de este software.

"La Unión Europea no se puede quedar de brazos cruzados cuando abogados, políticos, académicos y periodistas son espiados por los propios gobiernos europeos. Hace falta proteger la privacidad y asegurar la confidencialidad de las comunicaciones", ha declarado el eurodiputado republicano. "En la lucha para defender los Derechos Humanos de manera universal, la UE y sus estados miembros tienen que liderar con el ejemplo, o nos arriesgamos a perder credibilidad a escala mundial", ha añadido.

Poner fin a la amenaza

En concreto, la enmienda que ha conseguido introducir Solé, que ha estado el ponente en la sombra de este informe por el Grupo Verds/ALE, subraya "la amenaza específica que las nuevas tecnologías digitales suponen para los defensores de los derechos humanos, figuras de la oposición, periodistas y otros a la hora de controlar, restringir y socavar sus actividades", tal como han ilustrado recientemente las revelaciones de Pegasus.

La enmienda pide a la UE "que tome una iniciativa para promover una moratoria inmediata y global sobre la venta, la transferencia y el uso de tecnología de software espía y la adopción de un marco normativo sólido en este campo"; reclama a los estados miembros "que garanticen la diligencia debida en materia de derechos humanos y un control adecuado de las exportaciones de tecnología de vigilancia y asistencia técnica europea"; así como "colaboren con los gobiernos de terceros países para poner fin a las prácticas y legislación represivas en materia de ciberseguridad y antiterrorismo".

El informe, además, sugiere más acción y más coherencia por parte de una Unión Europea que podría hacer más en materias como el comercio, la migración o el apoyo a los defensores de Derechos Humanos, y hace referencia a un amplio abanico de temas relacionados con los Derechos Humanos, que van desde la libertad de expresión y de creencia, hasta los derechos sexuales y reproductivos, pasando por los derechos ambientales, entre otros.

A la lista negra

El pasado mes de noviembre los Estados Unidos incluyeron a su lista negra de empresas con las exportaciones prohibidas en su territorio la compañía israelí NSO Group, responsable de la creación y comercialización del software espía Pegasus. El gobierno estadounidense justificó incluir la empresa israelí en esta lista por suponer una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué? Pues, porque cualquier teléfono infectado por Pegasus se convierte en la puerta de entrada para espiar toda la vida del usuario. Un dispositivo afectado por este software permite leer todos sus mensajes, acceder a las fotografías, monitorar su localización e incluso utilizar la cámara impunemente.

A raíz de esta decisión el presidente en el exilio Carles Puigdemont aprovechó para exigir responsabilidades a los Estados que recurren a estos servicios, reclamando que la lista de estados que lo han adquirido sea pública, con el fin de poder fiscalizar las acciones de estos países.