La crisis de Ceuta tiene muchas derivadas: la migratoria, la humanitaria, la sanitaria, la económica, la política, la diplomática y ahora también una derivada judicial. Después de más de un mes de acusaciones sobre los avisos previos, la respuesta del Gobierno y el papel de Marruecos, la oposición intenta ahora trasladar una parte del conflicto a los tribunales con un objetivo de gran alcance: que las responsabilidades por la gestión de la entrada masiva puedan llegar, eventualmente, hasta Pedro Sánchez. PP y Vox comparten buena parte del mismo objetivo político, pero han elegido caminos diferentes. Vox quiere ir directamente contra el presidente mediante el artículo 102 de la Constitución y una acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado. El PP, mucho más prudente, prefiere que sea la investigación ya abierta en la Audiencia Nacional la que avance y, si aparecen indicios contra miembros del Gobierno aforados, acabe desembocando en el Tribunal Supremo. Ninguna de las dos vías permite afirmar hoy que Sánchez sea investigado penalmente por la crisis de Ceuta. Pero ambas evidencian un cambio de estrategia de la oposición: ya no se trata solo de erosionar al ejecutivo políticamente, sino de intentar determinar si algunas decisiones u omisiones pueden tener también consecuencias penales.
La política española vuelve a mirar hacia los tribunales para intentar resolver aquello que no es capaz de desencallar en el Congreso. Como ha pasado en otros episodios de la historia reciente, la confrontación política busca ahora una salida judicial, y la crisis de Ceuta se ha convertido en el nuevo campo de batalla. La oposición quiere que las responsabilidades por la gestión de la entrada masiva dejen de ser solo políticas y puedan acabar ante los jueces, con una finalidad muy concreta: aumentar el desgaste de Pedro Sánchez, condicionar la legislatura y, si aparecen indicios penales suficientes, llevar al presidente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero las estrategias no son las mismas. Vox intenta abrir la puerta del Supremo desde el Congreso. El PP espera que se llegue desde el sumario. La vía judicial permite mantener abierta una crisis que el Gobierno necesita cerrar y, al mismo tiempo, alimentar la posibilidad de que esta crisis acabe teniendo consecuencias personales para el presidente.
La causa de la Audiencia Nacional, el punto de partida
La judicialización de la crisis no nace de una iniciativa directa del PP. El primer movimiento se produjo a raíz de las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional por los hechos de los días 30 y 31 de julio. La causa arranca de una denuncia concreta: la que Iustitia Europa presentó el 30 de julio ante la Audiencia Nacional, el mismo día de la entrada masiva. La formación sostenía que podía haber indicios de delitos contra la paz y la independencia del Estado, organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y omisión del deber de perseguir delitos. Al día siguiente, la jueza María Tardón abrió diligencias previas para aclarar la naturaleza de los hechos y si había una acción concertada o dirigida por una organización criminal. La investigación intenta determinar, entre otras cuestiones, si hubo una operación organizada, qué papel tuvieron eventualmente agentes marroquíes y si los hechos pueden encajar en delitos relacionados con la inmigración irregular, la organización criminal o la seguridad del Estado. Esta causa es la que el PP quiere convertir en la principal palanca de presión judicial sobre el Gobierno de Sánchez.
Los populares se han personado en la causa y reclaman que la instrucción incorpore toda la documentación sobre los avisos previos que recibieron los organismos policiales y de inteligencia antes de la entrada masiva. La cuestión política que Feijóo ha repetido desde el estallido de la crisis —¿qué sabía el gobierno y cuándo lo sabía?— es también la pregunta que el PP intenta trasladar al terreno judicial.
La vía Vox necesita al PP
La estrategia de Vox es intentar llevar a Sánchez al Tribunal Supremo por la vía más directa y excepcional: el artículo 102 de la Constitución. Santiago Abascal quiere que el Congreso impulse una acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio del cargo. Para activar este mecanismo es necesario, primero, que lo proponga al menos una cuarta parte de los diputados y, después, que lo apruebe la mayoría absoluta de la cámara. Es decir, la iniciativa debe ser propuesta al menos por una cuarta parte de los diputados del Congreso, lo que, en cifras, se traduce en el apoyo de 88 parlamentarios, y posteriormente debe ser aprobada por mayoría absoluta, 176 votos. Vox no tiene suficientes escaños ni siquiera para activar el mecanismo en solitario. Necesitaría primero el apoyo del PP. Y después aún tendría que conseguir los votos necesarios para superar la mayoría absoluta. Por eso la propuesta tiene hoy una exigencia política muy superior a sus posibilidades parlamentarias inmediatas. Es, por tanto, una ofensiva con una fuerte carga política y simbólica: presenta la gestión de Ceuta no como una simple negligencia, sino como una posible deslealtad grave hacia el Estado.
Aparte de que parlamentariamente no salgan los números, el otro obstáculo es jurídico, porque el delito de traición está muy acotado en el Código Penal y exige mucho más que acreditar una mala gestión o haber ignorado avisos previos. La traición política y el delito de traición no son lo mismo. Un gobierno puede ser acusado políticamente de haber cedido ante un país extranjero, de haber actuado con negligencia o de haber ocultado información sin que esto constituya necesariamente un delito de traición. El Código Penal reserva esta figura para conductas muy concretas y excepcionalmente graves relacionadas con la colaboración con una potencia extranjera contra España o con actos que afectan directamente la defensa y la seguridad del Estado. Aquí es donde varios juristas ponen más objeciones a la vía de Vox. Probar que el Govern gestionó mal la crisis no es probar una traición. Ni siquiera probar que ignoró avisos previos sería suficiente, por sí solo, para encajar los hechos en este delito. Sería necesario demostrar una actuación mucho más grave, deliberada y exactamente tipificada por el Código Penal. Este es el gran obstáculo jurídico de la estrategia de Abascal.
La vía del PP: que avance la investigación de la Audiencia Nacional
La estrategia del PP, en cambio, es más gradual y, también, más prudente. Los populares no quieren asumir ahora la acusación de traición, sino dejar que avance la investigación abierta por María Tardón en la Audiencia Nacional e intentar que los informes, las declaraciones y la documentación permitan reconstruir qué sabía cada responsable y qué decisiones tomó. El PP confía en que, si aparecen indicios concretos contra algún miembro del Gobierno, la causa pueda ir escalando y que se acabe demostrando que llegaron lo suficientemente arriba en la cadena de mando. La aparición de varios informes previos ha reforzado esta estrategia. Un documento del 27 de julio advertía que una entrada masiva era "muy probable" y recogía información procedente de agentes marroquíes. Otro aviso policial del 30 de julio elevaba aún más la alerta y hablaba de un "riesgo extremo" e "inminente" de colapso. A estos documentos se añade el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el CENIF, que apunta a la posible participación de agentes marroquíes en la operación, en contra de lo que defiende Sánchez y sus ministros, y que se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación. Para la oposición, el punto crítico no es solo lo que decían estos informes. Es quien los recibió, cuándo los recibió, hasta dónde subieron en la cadena de mando y qué decisiones se adoptaron después. Aquí es donde la crisis política puede empezar a adquirir una dimensión penal.
Pero una cosa es demostrar que el Gobierno reaccionó tarde, que infravaloró el riesgo o que gestionó mal la situación. Otra muy diferente es acreditar que responsables concretos disponían de suficiente información sobre un peligro grave y que, a pesar de ello, incurrieron en una conducta que pueda encajar en algún delito. Esta frontera es, precisamente, la que ahora intenta explorar la oposición. Y si estos indicios afectaran a Pedro Sánchez, entraría en juego su aforamiento: la Audiencia Nacional no lo podría investigar directamente y debería elevar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
¿Por qué Sánchez solo podría ser investigado por la Sala Segunda del Supremo?
La posible llegada del caso al Tribunal Supremo no es una cuestión política, sino de competencia judicial. Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, es aforado. Esto significa que, si en una investigación penal aparecieran indicios contra él por hechos cometidos en el ejercicio del cargo, no podría ser investigado ni juzgado por un juzgado ordinario ni por la Audiencia Nacional. La Constitución lo establece de manera expresa en el artículo 102.1: "La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo". Esta Sala Penal es la conocida como Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Por lo tanto, la jueza María Tardón puede investigar qué pasó en Ceuta, pedir informes, tomar declaraciones y determinar posibles responsabilidades de personas no aforadas. Pero si durante esta instrucción encontrara indicios sólidos e individualizados contra Sánchez, no podría seguir investigándolo directamente. Debería elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo explicando qué indicios existen y por qué considera que pueden tener relevancia penal. A partir de ahí, sería la Sala Segunda la que decidiría si estos indicios son suficientes para abrir una causa contra el presidente. Pero es importante matizar que el Supremo no asumiría automáticamente el caso por el simple hecho de que aparezca el nombre de Sánchez en un informe o en una declaración. Sería necesario que la investigación hubiera encontrado elementos concretos que permitieran atribuirle personalmente una conducta presuntamente delictiva.
Que las dos vías tengan pocas posibilidades de acabar con Sánchez ante un tribunal no significa que sean inútiles para la oposición. El rendimiento es, antes que jurídico, político. Vox utiliza la palabra 'traición' para elevar la gravedad de la acusación y obligar al PP a competir en dureza; los populares, en cambio, confían en que una investigación judicial larga mantenga viva la crisis, haga aflorar nuevos informes y contradicciones y someta al Gobierno a un desgaste continuo. El objetivo inmediato no es necesariamente conseguir una condena, sino impedir que Sánchez pueda cerrar el caso Ceuta y convertir cada novedad judicial en un nuevo problema político.