La CUP quiere contundencia y claridad en la respuesta al CatalanGate, después de una semana donde el ejecutivo de Pere Aragonès todavía no ha dejado claro como será la relación con el Gobierno después del caso del espionaje a más de 60 líderes independentistas. El Govern primero dijo que las relaciones quedaban afectadas, ahora que serán mínimas, pero que se mantienen las reuniones técnicas o imprescindibles. "No se puede decir que se congelan las relaciones y a los cinco días sentarse en una mesa para hablar de proyectos como los Juegos Olímpicos", ha sostenido a la diputada anticapitalista Laia Estrada desde el atril del Parlament. "Hay que congelar las relaciones a todos los niveles y no sólo en la mesa de diálogo, que está muerta y enterrada", ha añadido la diputada, que ha opinado que si ERC y Junts quieren seguir gestionando "migajas autonomistas", que como mínimo lo hagan con dignidad.

Hoy después del Consejo Ejecutivo la portavoz del Govern Patrícia Plaja ha asegurado que hasta que se hayan depurado responsabilidades y se garantice que no se volverá a repetir una situación como esta, sólo se mantendrán aquellas relaciones "imprescindibles, necesarias y convenientes para aclarar hechos relacionados con el CatalanGate o imprescindibles para el conjunto de la ciudadanía de Catalunya". La congelación de las relaciones afectará también a la mesa de diálogo.

La diputada de la CUP ha reclamado una investigación "a fondo" sobre la infección de los teléfonos móviles de las víctimas del espionaje y ha subrayado que "bajo ningún pretexto" se puede autorizar una cosa así de forma masiva. Por eso, ha deplorado el "desinterés manifiesto" del Gobierno a aclarar el alcance del CatalanGate, y ha dicho que hace falta "investigar a fondo qué ha sucedido, depurar responsabilidades y establecer medidas que garanticen que no se volverá a repetir".

Acuerdo por el catalán

Más allá del CatalanGate, Estrada también ha valorado las últimas novedades sobre el acuerdo por la lengua entre el PSC, ERC, Junts y Comuns, para modificar la ley de Política Lingüística. Este acuerdo actualmente está paralizado porque los cuatro partidos se han dado más tiempo para negociar con los movimientos sociales, pero la CUP exige que se le ponga punto y final dado que "son muchos los sectores que alertan sobre las amenazas que supone este acuerdo". Precisamente el lunes se reunieron unas 200 personalidades en un acto de Plataforma per la Llengua para protestar contra este acuerdo, y entre el público había la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la diputada cupaire Dolors Sabater, entre otros.

En la misma intervención la CUP ha pedido la comparecencia a la Comisión de Derechos Sociales del Parlament de la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, y del conseller de Salud, Josep Maria Argimon, así como de sus predecesores Chakir el Homrani y Alba Vergés para que den explicaciones sobre la reserva de plazas que la Generalitat hizo en residencias privadas para que atendieran infectados de covid-19 procedentes de otros centros y que nunca se cubrieron. El Govern destinó 10,6 millones de euros a costear camas en centros a fin de que atendieran usuarios de otras residencias menos capacitadas para hacer frente a brotes de coronavirus. 7,8 millones de este 10,6 han ido a parar a plazas que no se han llenado. Para la diputada Laia Estrada, estos "cerca de 8 millones regalados en las residencias" pueden haber sido malbaratados o malversados", por lo cual quieren que los responsables de la Generalitat sobre las residencias ahora y al inicio de la pandemia lo expliquen en el Parlament.