El (pen)último enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat a cuenta de las finanzas catalanas y cómo se administran tiene su origen en un gasto de 1.318 millones de euros realizado antes del 2007 que el Ejecutivo del PP pretende endosar como déficit en las cuentas de la Generalitat de este año, como ya informó El Nacional.
El Ministerio de Hacienda exige que el Departament d'Economia ejecute un nuevo ajuste presupuestario adicional de 1.318 millones de euros, equivalente al 40% del gasto pendiente de la Generalitat hasta finales de año, incluidas las nóminas de funcionarios.
El ministerio que dirige Cristóbal Montoro sostiene que la Generalitat ha escondido al Estado estos gastos, que corresponden a contratos de inversiones en carreteras y centros penitenciarios y que han sido financiados en forma de colaboraciones público-privadas.
Las víctimas: los ciudadanos
El departamento que dirige Andreu Mas-Colell lo niega tajantemente. Así, el 11 de noviembre pasado envió una carta al secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, número dos de Montoro, en la que señala que la Administración del Estado estaba al corriente al menos desde el 2007, cuando la Generalitat informó del gasto en el informe Anual a la Intervención General del Estado. Posteriormente lo volvió a hacer: fue en julio del 2013 en el Plan de Ajuste de aquel año.
Por eso, Mas-Colell se niega a reducir en dos meses los 1.318 millones y advierte en su carta a Beteta que “los ciudadanos no pueden ser las víctimas de interpretaciones y desacuerdos puramente contables”.
El president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, se ha referido a este conflicto en su comparecencia de hoy para evaluar las nuevas restricciones impuestas a la Generalitat por parte del Gobierno central con respecto al control de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Mas ve una intervención encubierta de las cuentas de la Generalitat por motivos políticos –el proceso soberanista–, que se suma a otras decisiones que ha tildado de "agresiones" del Estado al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya.