Los "órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado" crearon un "operativo parapolicial". Actuó, al margen de la ley, "al menos entre los años 2013 y 2015". Su objetivo, conseguir "material documental comprometedor de altos dirigentes" y así neutralizar las amenazas políticas al Gobierno. Las comillas pertenecen al juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que acaba de levantar el secreto del sumario del caso Kitchen, pieza del caso Villarejo. En este caso, el Gobierno estaba presidido por Mariano Rajoy y el "alto dirigente" perseguido y espiado, el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Una plantilla de hasta 71 agentes de policía sólo dedicados a espiar a Luis Bárcenas y su familia. Supuestamente, el objetivo era encontrar y destruir las pruebas que pudiera tener el extesorero del partido en torno a la caja B del PP y de sus dirigentes, y de esta manera impedir que pudieran acabar en manos de la justicia. Se le realizaron hasta 55 seguimientos sin orden judicial, según las informaciones publicadas del sumario del caso. El principal objetivo fue su chófer, Sergio Ríos, que habría cobrado 53.000 euros para robarle documentación, entre la cual audios comprometidos. El dinero salió de fondos reservados del Estado. Se salieron con la suya en esta operación.

La fiscalía ya pide la imputación de los exministros Jorge Fernández Díaz, como máximo responsable político, y María Dolores de Cospedal, en aquel momento también secretaria general de los populares. La sombra de las cloacas también amenaza a Mariano Rajoy. Al frente del operativo también aparecen nombres conocidos, como los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Según el magistrado instructor, el coordinador del operativo era Francisco Martínez, número dos de Fernández Díaz en el Ministerio, con conocimiento del Asturiano, en referencia al expresidente español.

Fue una práctica sistematizada y extendida durante aquellos años con Fernández Díaz al frente. Prácticamente los mismos protagonistas son los que aparecen en otro caso, la Operación Catalunya. La trama, urdida desde las cloacas del Estado contra el independentismo, incluyó la creación de pruebas falsas, manipulación de datos, redacción de informes irregulares, agentes secretos y filtraciones interesadas en la prensa. El objetivo, decapitar dirigentes independentistas como Artur Mas, Oriol Junqueras o Xavier Trias. "Esto la fiscalía te lo afina", resumía al ministro del Interior en conversacion con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya. El entramado parapolicial funcionó entre los años 2012 y 2015.

Por esta operación, el excomisario Villarejo cobró dinero de fondos reservados del Estado, una partida del Ministerio del Interior dedicada a combatir el terrorismo y el narcotráfico. En una de sus famosas grabaciones, el expolicía hoy encarcelado aseguraba que "gracias a la operación Catalunya el tema de los catalinos no se nos ha escapado de las manos". Además de Fernández Díaz, como máximo responsable de Interior, Villarejo señalaba a la exministra María Dolores de Cospedal y la entonces líder del PPC Alicia Sánchez Camacho.

Probado por el Parlament y el Congreso

Ahora el Congreso de los Diputados, con el visto bueno del PSOE y Unidas Podemos, impulsará una comisión de investigación para perseguir el rastro de la Operación Kitchen. En 2017, una comisión de la cámara baja ya concluyó la existencia de esta "policía patriótica" al servicio del PP. "En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, utilizando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial (...) destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, investigación y persecución de adversarios políticos", aseguraban las conclusiones. Los objetivos, "el PSOE, el nacionalismo catalán o Podemos."

Por su parte, la comisión de investigación de la Operación Catalunya en el Parlament de Catalunya sentenciaba también en 2017 que "los instrumentos que tiene el Estado a su alcance se han puesto al servicio de una conjura" y que era un "ejercicio claro de guerra sucia". Denunciaba "prácticas ilegales e ilegítimas llevadas a términos por determinadas estructuras fundamentales del Estado con objetivos incompatibles con los pilares básicos de la democracia y el estado de derecho". Y pedía abrir la día judicial contra diez de los implicados: Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas, Alicia Sánchez-Camacho, Eugenio Pino Sánchez, José Ángel Fuentes Gago, José Manuel Villarejo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

¿Segunda Operación Catalunya?

Pero esta semana ha habido revelaciones más allá de la operación Kitchen. Con la marcha de Jorge Fernández Díaz del Ministerio, parecía que desaparecía el fantasma de la Operación Catalunya. De hecho, uno de los primeros apartados fue Enrique García Castaño, máximo responsable de la unidad central de apoyo operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. No obstante, según reveló La Vanguardia este miércoles, el cese de Garcia Castaño no fue más que una pantalla para dirigirlo a otros cometidos. Habría sido captado por José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y sucesor de Francisco Martínez, para montar una segunda Operación Catalunya clandestina. Cambian los altos cargos, pero la maquinaria no se detiene.

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