Turull Baños Romeva registro Parlamento dentro

Junts pel Sí y la CUP han presentado esta mañana en el registro del Parlament el anexo que despliega las propuestas sobre política social del gobierno en la resolución con que se pone en marcha el proceso de creación del Estado catalán. El objetivo es “blindar” las actuaciones del futuro gobierno en cuestiones como la pobreza energética, las garantías de asistencia sanitaria universal o el modelo educativo. El último punto del documento plantea conseguir recursos para financiar el plan de choque social a través de una renegociación de la deuda del gobierno y de una revisión de los presupuestos.

“Este documento prueba que la independencia va de eso, de garantizar los derechos de las personas”, ha asegurado Jordi Turull. Antonio Baños ha reprochado que el gobierno español “se dedica no a proteger, sino a torpedear los derechos” mientras la propuesta independentista se plantea “dignificar la vida de nuestra gente”.

La lista de protecciones

El anexo se ha presentado a través de una enmienda que se ha tramitado esta mañana a las 11:30 en el registro de la Cámara, poco antes que acabara el plazo que fija el reglamento. Tiene cinco páginas con nueve puntos que se refieren a pobreza energética -garantizar que ninguna persona se vea privada del acceso a los suministros básicos-, vivienda -compromiso de garantizar el principio de realojamiento adecuados a situaciones de riesgo de exclusión-, sanidad –atención universal y acabar con los concursos para la gestión de CAPs-, educación –velar por el respeto a las competencias de la Generalitat-, garantía de las libertades públicas, administraciones locales, personas refugiadas, aborto y financiación de un plan de acción social y gestión de la deuda.

Este último punto prevé que el futuro gobierno con el fin de liberar recursos para financiar el plan de choque establezca “vías de negociación para reconducir la carga de la deuda en el conjunto del gasto”.

“Prioritariamente, el futuro gobierno impulsará la renegociación de todas las financiaciones estructuradas, separando los pagos que compensan un servicio (inversión y mantenimiento) de aquellos que constituyen un pago excesivo con respecto a los tipos de interés y a las tasas de inflación actuales”, añade. Asimismo se plantea una revisión a fondo de los programas presupuestarios de gasto. Los ahorros que se obtengan de la revisión irán al plan de choque.