A pesar de las amenazas del gobierno español, la reprobación de Felipe VI volverá al Parlament. Los grupos de JxCat y ERC han registrado una nueva propuesta de resolución, según ha adelantado Nació Digital y al contenido de la cual ha tenido acceso El Nacional. El texto de los independentistas, que se votará a la comisión de Empresa y Conocimiento, vuelve a condenar la actuación del monarca español, en este caso por su papel para incentivar la fuga de empresas después del 1-O.
Concretamente, los grupos independentistas piden al Parlament que "repruebe la participación del rey español, Felipe VI, en la campaña coordinada de presiones políticas a entidades económicas", en referencia a la operación de Estado revelada por el diario Ara para retirar miles de millones de euros de los bancos catalanes. También reprueban las actuaciones del exministro de Economía Luis de Guindos, "organizando una retirada concertada de depósitos de varias agencias estatales".
El texto, que ya ha sido admitido por la Mesa en su reunión de este martes, también "condena la campaña para desestabilizar la economía catalana por parte del gobierno del Estado" y la "instrumentalización de los depósitos bancarios del Estado para crear inestabilidad". En este sentido, la resolución "denuncia el grave peligro para la estabilidad económica y financiera de Catalunya, y por extensión del Estado español y la zona euro", que supuso esta operación de Estado.
Los independentistas vuelven a llevar la reprobación del rey al Parlament después de que el pleno de la cámara lo reprobara en una iniciativa de los comunes. Aunque el Consejo de Estado concluyó que no había base legal para impugnarlo, el gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
"Presión directa sobre varias compañías"
En la exposición de motivos, JxCat y ERC argumentan que, como "se desmontaba el relato catastrofista" de Moncloa sobre la economía catalana, el Estado "no tuvo más remedio que organizar una campaña de desestabilización económica para castigar a Catalunya". Señalan que el objetivo era el de "conseguir una huida de multinacionales, por el cual se llegó a movilizar al jefe del Estado ejerciendo presión directa sobre varias compañías".
"A pesar de estas presiones sólo 20 de las 100 empresas con la facturación más elevada en Catalunya cambiaron la sede social, en su mayoría empresas del índice IBEX-35 cuyos miembros todos, menos Grífols, decidieron inscribir su sede social fuera de Catalunya", asegura el texto. Y concluye: "Que precisamente Grífols, con un 95% de negocio fuera de España, fuera la única empresa del IBEX que mantuvo su sede social en Catalunya es un indicador importante de la naturaleza política de la campaña".