La jueza instructora ha desestimado los recursos de las acusaciones populares —Vox y la asociación de Cristina Seguí— y vuelve a dar carpetazo a la causa contra Mónica Oltra, en la que se investigaba si ocultó información relativa a abusos sexuales cometidos por parte de su exmarido contra una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. La jueza sustituta a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de València, Ana Lillo, toma la misma decisión que el juez titular, Vicente Ríos, y coincide con la Fiscalía en que no existen indicios contra la exvicepresidenta valenciana durante el Consell del Pacte del Botànic y exlíder de Compromís. Pese a que el juez instructor no vio indicios tampoco en un primer momento, la Audiencia de València le obligó a reabrir la causa, que se ha abierto y archivado ya en diversas ocasiones a lo largo de los últimos tres años.

El nuevo auto, avanzado este viernes por eldiario.es y Levante, vuelve a rechazar la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra al advertir que no se han encontrado indicios del presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido. El titular del juzgado de instrucción ya denegó el 27 de junio la apertura de juicio oral contra la política de izquierdas y contra catorce acusados más y determinó el sobreseimiento de la causa, coincidiendo con el parecer de la Fiscalía. Tanto el juez como el fiscal consideran que no existe infracción penal alguna ni “un solo indicio racional de criminalidad”. Una decisión que llegó tres años después de la dimisión de la que entonces vicepresidenta valenciana tras estallar la polémica. Oltra y su entorno de la izquierda valencianista han sostenido desde el primer momento que la causa contra ella ha sido un caso de ‘lawfare’ motivado por la extrema derecha.

Pese al parecer inicial del juez instructor, la sección cuarta de la Audiencia de València obligó en mayo a mantener el procesamiento de Oltra y una docena de los suyos ex altos cargos por el supuesto encubrimiento del delito de su exmarido —educador social de profesión, que fue condenado a cinco años de prisión por el TSJ valenciano por el abuso a una menor tutelada—. La dinámica ha sido esta a lo largo de los últimos años. El titular del Juzgado de Instrucción 15 de València había archivado la causa en abril de 2024 argumentando no encontrar indicios de delito. Más tarde, en junio del mismo año, el mismo juzgado la reabrió la causa de acuerdo con la instrucción de la Audiencia de València de continuar con la investigación. El junio de este 2025, el juez instructor volvió a rechazar provisionalmente abrir juicio oral y ahora ha desestimado los recursos de las acusaciones.

Oltra y la izquierda valencianista denuncia lawfare

La exvicepresidenta del gobierno valenciano y exdirigente de Compromís Mónica Oltra no ha perdido el apoyo de los suyos, quienes han denunciado reiteradamente la causa contra ella como caso de 'lawfare'  —guerra política sucia a través de los tribunales—, para tumbarla políticamente, como habrían sufrido también dirigentes de Podemos o independentistas catalanes. Cuando dimitió en junio del 2022, con motivo de la imputación, Oltra lo hizo "con la cabeza alta" y denunciando lo que calificó de "una de las mayores infamias que se han producido en este país". La entonces vicepresidenta valenciana aseguró que con aquella decisión ganaban "los malos". "En este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo cargarán, con denuncias falsas, guerra sucia en los tribunales y mentiras". Lo que me duele tanto es que la gente del pueblo, la más vulnerable, se sienta abandonada, que no tenga escudo. No ha sido una cuestión personal, ha sido política”, apostilló.