El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado para el 16 de septiembre la vista oral sobre el euroodre de España contra el cantante Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, según ha podido confirmar la ACN. Las partes implicadas están citadas a las dos y media del mediodía de aquel día en el tribunal con sede en Luxemburgo para presentar sus alegaciones sobre el caso.

La petición de extradición emitida por España está paralizada en el Tribunal de Apelación de Gante, en Bélgica. Este planteó en noviembre del 2018 dos cuestiones prejudiciales en el TJUE ante las dudas que tenía sobre la aplicación de la orden europea de detención por el delito de enaltecimiento del terrorismo, uno de los tres que constan en la euroorden contra Valtònyc.

Una vez se celebre la vista, el Abogado General del alto tribunal tendrá que dar su opinión sobre el caso. Según fuentes del tribunal este podría tardar "un par de meses" al pronunciarse y, a partir de entonces, los magistrados emitirían la sentencia en dos o cuatro meses. Cuando Luxemburgo se pronuncie, los jueces de Gante tendrán que decidir sobre la extradición de Valtònyc basándose en la opinión del TJUE.

"Los jueces españoles quisieron que Bélgica me aplicara un código penal posterior a los hechos para conseguir su extradición mía directo. Querían hacer trampas y los jueces belgas lo han llevado al TJUE. Día 16 de septiembre allí estaremos", ha escrito a través de Twitter el mismo Valtònyc.

El caso Valtònyc

El Estado reclama al cantante para cumplir una pena de prisión de tres años y medio por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por las letras de varias canciones que escribió y subió a Internet.

Sobre los otros dos delitos, aparte de enaltecimiento del terrorismo, que constan en la petición española para que Bélgica entregue Valtònyc, el Tribunal de Apelación no se ha pronunciado, ya que por ahora se ha centrado en el primero. La justicia belga ya dictaminó en primera instancia en contra de la extradición de Valtònyc en España, pero la decisión fue recurrida por la fiscalía flamenca en nombre del Estado.