La justicia balear ha rechazado imponer el 25% de castellano en un instituto, como pretendía hacerlo Hablamos Español. Un padre y portavoz de la plataforma españolista había solicitado en junio la imposición del español en una escuela de Marratxí (Mallorca), pero la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha desestimado ahora la petición de medida cautelar. La decisión ha sido adoptada por tres votos a favor y dos en contra. El principal argumento es que los centros tienen derecho a impartir todas las clases en catalán.
En un auto de este lunes redactado en lengua catalana, los magistrados de la mayoría han argumentado que la ley balear permite que los centros opten por impartir en catalán todas las asignaturas — exceptuando la de castellano y otras lenguas extranjeras. Es decir, que el marco jurídico rige en materia de educación un sistema de conjunción lingüística, en el cual se parte de una regla general que reconoce vehicular la enseñanza en lengua catalana de un mínimo del 50% de asignaturas. Así, el catalán puede incrementarse sin límite "mediante el proyecto lingüístico de cada centro que, al mismo tiempo, tiene que ser acuerdo con la realidad social, demográfica y económica circundante".
El 25% "afecta gravemente al interés general"
Con todo, los magistrados han apuntado que el demandante no prueba que no tenga la alternativa de matricular a su hija en otro centro. Y también es verdad que la medida cautelar ha sido solicitada por una única persona en un único centro educativo, "pero se impondría igualmente al resto de alumnos de la clase". Es por esto que han considerado que la imposición del 25% "es una medida cautelar que afecta gravemente al interés general" y han defendido que rechazarla no supone "un perjuicio relevante". Además, la medida "es claramente ilimitada y tan solo por este hecho ya se ve que no pueda prosperar". "De accederse a ella en los términos interesados ahora, nos encontraríamos con un avance de la decisión final a la sentencia", añade la resolución.
El TSJIB ha considerado que el demandante tampoco ha probado que el porcentaje real de la enseñanza en castellano sea de menos del 25% ni que la enseñanza de esta lengua se decante de las previsiones del proyecto lingüístico del centro, avalado por la Conselleria d'Educació. Para más inri, no consta "cuál es el interés público que choca con la petición del recurrente ni cuáles serían los criterios aplicables para determinar que tiene que prevalecer el supuesto derecho del recurrente y/o su hija al interés público y general en mantener el proyecto lingüístico vigente en el centro". Es decir, que "el interés social y general supera al particular".
Las juezas discrepantes
Mientras que el texto de los magistrados de la mayoría se había escrito en catalán, el texto de las juezas discrepantes se ha redactado en castellano. En él, afirman que se tendría que haber estimado íntegramente la solicitud de la medida cautelar porque está justificada. ¿El motivo? No vulnerar el derecho del estudiante mientras se adopta una decisión sobre el fondo del asunto. También han indicado que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo a favor de un mínimo de castellano como lengua vehicular en Catalunya son de aplicación a Balears.
Este asunto empezó en diciembre del 2021, cuando el mencionado padre y portavoz de Hablamos Español pidió a la Conselleria d'Educació la imposición del castellano. La petición no tuvo éxito, de manera que la plataforma españolista llevó la cuestión al TSJIB. "Una vez agotada la vía administrativa, acudimos al TSJB, además, con el precedente del reciente posicionamiento del TSJC, el que nos anima a pensar que gracias a esta acción de Salvador se podría extender la obligatoriedad de impartir este mínimo 25% de asignaturas en español a todo el sistema educativo de Balears, donde, como es sabido, un gran número de alumnos son sometidos a una inmersión a la catalana", explicó la entidad en junio de este 2022.
El catalán en la escuela balear
Pero en la escuela balear no hay una inmersión lingüística como tal, ya que el uso vehicular del catalán está regulado por el llamado Decreto de Mínimos: como mínimo, la mitad de las áreas de la educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria se tienen que impartir en catalán. A partir de aquí, los centros son los que deciden si quieren aumentar este mínimo y llegar al 100%.
Con José Ramón Bauzá al frente, el último Govern del PP intentó acabar con el catalán en las aulas mediante el llamado Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). En pocas palabras, planteaba un 33% de catalán, un 33% de castellano y un 33% de inglés. La comunidad educativa protagonizó una movilización sin precedentes en el Estado y el mismo TSJIB abordó la estocada final para detener la agresión españolista de Bauzá. La justicia argumentó que el Govern no consultó a la Universitat de las Illes Balears (UIB) para hacer este cambio, aunque el Estatut d'Autonomia le otorga el estatus de órgano consultivo preceptivo en todo aquello que está relacionado con la regulación de la lengua catalana. La cosa no acabó aquí, ya que hace unos meses el ejecutivo de la socialista a Francina Armengol intentó legislar para que el castellano fuera vehicular. Finalmente, Armengol rectificó.