"El martes habrá pleno". Con estas palabras ha replicado Junts per Catalunya a la suspensión cautelar del pleno de investidura de Carles Puigdemont que ayer dictó el Tribunal Constitucional. Los diputados de este grupo han emplazado al presidente del Parlament, Roger Torrent, como máxima autoridad de Catalunya en estas momentos a defender aquello que decidieron las urnas: "que Puigdemont tiene todos los derechos y tiene que ser investido presidente del país".
Así lo ha asegurado el diputado Eduard Pujol en una comparecencia esta mañana ante las puertas del Parlament, acompañado de otros miembros del grupo, entre los cuales la diputada y experta constitucionalista Gemma Geis.
"Tenemos el convencimiento de que el presidente del Parlament, en este momento la máxima autoridad del país, actuará de acuerdo con la legitimidad de su cargo, el peso de la historia y la dignidad del país y hará aquello que haga falta para proteger los derechos del Parlament de Catalunya. El presidente Torrent nos tendrá a su lado", ha asegurado Pujol.
A pesar de las voces que desde de ERC reclaman que JuntsxCat designe a otro candidato, este grupo no prevé en ningún caso presentar otro nombre que no sea el de Puigdemont, porque eso "no reducirá la represión" y "cualquier otra opción sería que no ganara la democracia", ha asegurado Geis. Los servicios jurídicos del grupo preparan las acciones legales para defender la investidura del president, incluida la petición de la autorización del juez que ha impuesto el TC y el recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Los diputados de JuntsxCat han insistido en que en Catalunya deciden los catalanes a través de las urnas y delegando la soberanía en el Parlament, en ningún caso el TC, al cual acusan de falta de valor para defender los derechos de los diputados ante los requerimientos del gobierno del Estado.
"Estamos ante la demolición del Estado de derecho y un intento de mantener la democracia en libertad condicional, preventiva y vigilada", ha denunciado Pujol, mientras que Geis ha advertido que la ley orgánica del TC no contempla las medidas cautelares que ha impuesto este tribunal con las cuales se invaden las atribuciones del reglamento del Parlament.
Han diagnosticado, sin embargo, que la decisión del TC representa una derrota absoluta de Soraya Sáenz de Santamaría, por lo cual reclaman la dimisión de la vicepresidenta. En opinión de los diputados, la número dos del gobierno español hizo una propuesta altamente agresiva contra el Parlament y la respuesta del Consejo de Estado y del TC, después de horas y horas de deliberación, "pone al descubierto las carencias y debilidades de aquello que planteaban".