Junts ha reclamado este viernes claridad y recursos tras el anuncio del protocolo firmado entre el president del Govern, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para ceder a la Generalitat la gestión de 13.000 viviendas y más de 300 solares de la Sareb. La diputada Glòria Freixa ha afirmado que su partido ha liderado esta reivindicación “en tantísimas ocasiones”, y ha insistido en que es necesario detallar cómo se llevará a cabo esta cesión. “No terminamos de entender de qué manera será ejecutada”, ha advertido, reclamando que se especifiquen los recursos materiales y económicos con los que contará la Generalitat para gestionar este patrimonio de la Entitat Estatal d’Habitatge (Sepes). Freixa ha dejado claro que, sin esta información, no es posible valorar el alcance real del acuerdo anunciado por el Govern.

El posicionamiento de Junts llega después de que Illa haya calificado la medida de acuerdo "muy deseado". Ahora bien, Freixa ha remarcado que es Junts quien ha sido persistente a la hora de reclamar el retorno de estas viviendas y solares a la Generalitat. La diputada ha querido poner sobre la mesa los interrogantes que genera el acuerdo firmado este viernes, ya que, según ella, la gestión efectiva de estos inmuebles dependerá en gran parte de los recursos que se destinen y de las condiciones jurídicas con que se transfieran. “Necesitamos saber si estos pisos llegan con dinero para que puedan ser arreglados, ya que no están en condiciones para ser utilizados”, ha reiterado. Además, ha exigido que se concrete si la Generalitat será la propietaria efectiva de las viviendas o si solo tendrá una gestión limitada en el tiempo, hecho que, a su parecer, podría condicionar la capacidad de desplegar políticas públicas sólidas y a largo plazo.

 

Junts reclama un papel activo de los ayuntamientos catalanes

Junts reclama que los ayuntamientos puedan tener un papel activo en la gestión de las viviendas cedidas, con los recursos económicos y competenciales que esto conlleva. Freixa ha subrayado que es necesario garantizar que los municipios puedan intervenir, ya sea mediante la Agència Catalana de l’Habitatge o directamente, en función de sus capacidades. Por ello, insiste en que es imprescindible que el acuerdo venga acompañado de un presupuesto claro que permita rehabilitar los inmuebles y hacerlos habitables. “Lo que pedimos es claridad y presupuesto: saber con qué recursos vienen estos pisos para poder ponerlos en condiciones y hacerlos realmente útiles para las familias que los necesitan”, ha remarcado. La diputada ha concluido exigiendo transparencia sobre el impacto económico real de esta operación para las finanzas del Govern.