La desaparición del servicio de expedición del DNI en Sant Cugat del Vallès ha abierto un nuevo frente político entre el gobierno municipal, liderado por Junts, y el PSC. Con el cierre de la comisaría de la Policía Nacional en agosto de 2024, los vecinos del municipio se han visto obligados a desplazarse a otras localidades para renovar el documento, una situación que ha desencadenado reproches cruzados sobre quién debe asumir la responsabilidad. El exconseller y actual concejal Jordi Puigneró ha sido una de las voces más contundentes desde el gobierno local.
En un tuit, ha recordado que el servicio de DNI es competencia del Estado y ha criticado que el PSC proponga que sea el Ayuntamiento quien asuma los costes para recuperarlo. “No aceptaremos que los ciudadanos tengan que pagar dos veces un servicio que es del Estado y que no lo quiere pagar”, ha afirmado. Desde Junts, insisten en que cada administración debe hacerse cargo de los servicios que le corresponden, también económicamente. En este sentido, rechazan la posibilidad de ceder un espacio municipal gratuito o financiar parcialmente el retorno del servicio, tal como plantean los socialistas.
El PSC acusa el Ayuntamiento de "sectarios"
Por su parte, el PSC ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar la restitución del servicio en la ciudad. La portavoz municipal, Elena Vila, ha denunciado que la falta de este trámite obliga a los santcugatenses a desplazarse a municipios como Rubí o Ripollet para realizar una gestión que considera “de proximidad”. Los socialistas han escenificado esta situación ante la comisaría de la Policía Nacional en Rubí, donde el concejal José María Gallardo ha ido a renovar el DNI. “Visualizamos el drama que supone tener que marcharse del municipio para renovar el DNI”, ha afirmado Vila, que recuerda que ciudades de dimensiones similares sí que disponen de este servicio.
El PSC carga directamente contra el gobierno municipal, al cual acusa de no haber hecho suficiente para recuperarlo. Según Vila, la situación responde a “una cuestión puramente sectaria” y a la negativa de facilitar la presencia de la Policía Nacional en la ciudad. “Están negando un derecho a los ciudadanos y ciudadanas de Sant Cugat”, ha insistido.
Además, los socialistas critican que tampoco se haya implementado una solución provisional con una unidad móvil de expedición de DNI. Esta opción no se materializó porque el Ayuntamiento declinó gestionar las citas previas desde la Oficina de Atención Ciudadana. Finalmente, el PSC asegura que la Delegación del Gobierno español está dispuesta a recuperar el servicio si el consistorio colabora, y apunta que otros municipios catalanes asumen costes y facilitan espacios para hacerlo posible. Un argumento que choca frontalmente con la posición de Junts, que mantiene que la responsabilidad es exclusivamente estatal.