Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados han presentado este viernes sendas peticiones de creación de dos comisiones que abren la puerta a investigar el lawfare desde la misma cámara. Se trata de las propuestas de creación, por una parte, de una comisión de investigación sobre la Operación Catalunya y, por la otra, otra sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. El lawfare es un concepto que no aparece de forma explícita en la proposición de la ley de amnistía que los socialistas registraron la semana pasada, pero, en cambio, sí que figura en el acuerdo que Junts y PSOE firmaron en Bruselas para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.

El lawfare había sido el escollo que durante días hizo embarrancarse las negociaciones de Junts con los socialistas para la investidura. En el acuerdo con el PSOE se especifica que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta con la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, si procede, puedan comportar acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas." El registro de las dos peticiones el mismo día que Pedro Sánchez ha prometido su cargo delante de Felipe VI indica la voluntad de Junts de no dejar margen a los socialistas a dilatar las acciones para que se cumpla este acuerdo. Junts ya ha hecho advertencias durante el debate de investidura.

Investigar la persecución de la "disidencia política"

La petición de creación de la comisión sobre la Operación Catalunya especifica, entre uno de sus objetivos, investigar "todas aquellas iniciativas que se hayan podido llevar a cabo desde las instituciones del Estado" con el fin de "perseguir la disidencia política". Asimismo, también propondrá "medidas de restitución y compensación para todas las personas afectadas por la investigación irregular o ilegales". A través de este espacio parlamentario, Junts y PNV quieren proponer "medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos y malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado, en contra del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos."

Las referencias al lawfare en el texto del acuerdo de Junts y PSOE ha hecho saltar las alertas del estamento judicial español. Algunos sectores judiciales, incluido el Consejo General del Poder Judicial, han liderado protestas contra estas referencias en entender que se viola el principio de separación de poderes. Las últimas semanas se han producido manifestaciones en contra del pacto de Junts con el PSOE por parte de jueces y fiscales, en paralelo a las protestas de la extrema derecha en la calle.