Junts per Catalunya ha decidido elevar el tono ante la polémica de las pruebas PISA en Catalunya y ha anunciado una doble ofensiva institucional: en el Parlament, con la petición de una comisión de investigación, y en el Congreso de los Diputados, con una batería de preguntas y solicitudes de comparecencia dirigidas al Gobierno. La presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha comunicado que la formación registrará la iniciativa para aclarar las irregularidades que han impedido que los resultados catalanes sean comparables con los del resto de participantes.
Según Junts, la investigación interna del Govern "ha perdido toda credibilidad, después de haber escondido estos hechos durante cuatro meses", y critican que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "se haya negado a comparecer de forma urgente en el Parlament esta misma semana". "Es imposible de creer que, después de cuatro meses de una supuesta investigación interna, el Govern todavía no sepa qué pasó", ha advertido Sales, que considera "evidente que el ejecutivo está ocultando los motivos de este fiasco".
Por este motivo, los juntaires defienden que sea la cámara catalana quien asuma la investigación. "Si el Govern no quiere dar explicaciones, será el Parlament quien investigará qué pasó, quién lo sabía, quién decidió esconderlo y por qué se mantuvo en silencio durante cuatro meses", ha afirmado la dirigente, que ha insistido en que "el Parlament debe ejercer la fiscalización del Govern para llegar hasta el fondo de la cuestión y exigir todas las responsabilidades que correspondan, a todos los niveles". Sin embargo, la junta de portavoces, con los votos en contra de PSC, ERC y Comuns, rechazó que el president Illa diera explicaciones durante esta semana por esta crisis. Eso sí, republicanos y comunes quieren que lo haga al volver de las vacaciones, en septiembre.
Presión también en el Congreso
En paralelo, el grupo de Junts en el Congreso ha registrado una batería de preguntas para aclarar el papel del Ministerio de Educación en esta crisis. Los diputados quieren saber cuándo tuvo conocimiento el ejecutivo español de las incidencias detectadas por la OCDE, qué actuaciones llevó a cabo y por qué no informó formalmente a los responsables políticos de la Generalitat.
Además, la formación ha solicitado la comparecencia en comisión de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez García, para que dé explicaciones sobre la actuación del ministerio, las alertas recibidas y la comunicación mantenida con el Govern catalán. El diputado Josep Maria Cervera también ha planteado dudas sobre si el Estado valoró que la incidencia podía comprometer los resultados antes de que la OCDE decidiera excluir Catalunya de la comparativa internacional.
El Ministerio defiende que avisó
Desde el Gobierno español, sin embargo, aseguran que sí que se informó a la Generalitat. Fuentes ministeriales han explicado que el aviso se produjo en abril del año pasado, con las pruebas ya en marcha, y que hacía referencia principalmente a una tasa de exclusión de alumnado superior a los límites establecidos por la OCDE. Según estas fuentes, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se puso en contacto con los responsables técnicos catalanes y se produjeron comunicaciones sobre las incidencias detectadas.
La polémica gira en torno a la exclusión de un 23,2% del alumnado en la muestra catalana, muy por encima del máximo del 5% que fija la OCDE. Esta desviación ha impedido que los resultados sean homologables internacionalmente. Aunque el Govern lo atribuye a razones "técnicas", fuentes conocedoras del funcionamiento de las pruebas lo niegan y apuntan a una cadena de errores en la gestión por parte del Departament d'Educació.
Según estas fuentes, el proceso se inicia con una selección de centros hecha por la OCDE, que debe ser validada por la Generalitat para garantizar que sea representativa del sistema educativo catalán. Una de las hipótesis es que esta revisión no se hizo correctamente y que la muestra incluía un porcentaje excesivo de centros de alta complejidad. "Era responsabilidad suya mirar si esta muestra era adecuada o no", aseguran, apuntando que el Departamento tenía margen para detectar y corregir el problema antes del inicio de las pruebas.