La junta de portavoces del Parlament ha frenado este martes la petición de Junts para que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca de manera urgente esta misma semana por el caso de las pruebas PISA. ERC y los Comuns han votado en contra de la iniciativa, alineándose así con el PSC, y han impedido que prospere la propuesta de celebrar un pleno este viernes para abordar la cuestión. Los republicanos defienden que la comparecencia se tiene que producir más adelante, cuando se disponga de conclusiones claras sobre los errores que han invalidado los resultados.
Desde Esquerra Republicana insisten en que hay que priorizar el rigor y no precipitar los tempos políticos. El grupo ya reclamó ayer, durante la comparecencia de la consellera de Educació, Esther Niubó, todas las explicaciones y la asunción de responsabilidades políticas, pero considera "absurdo" que Illa dé explicaciones sin que todavía haya un informe concluyente. En esta línea, los republicanos han registrado una solicitud para que el presidente comparezca en septiembre, cuando ya se conozcan las conclusiones internas y se pueda "ir hasta el fondo" de lo que ha pasado.
En una línea similar, los Comuns también han reclamado que Illa comparezca después del verano. El grupo ha registrado una petición para que el presidente dé explicaciones en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la publicación de los resultados de PISA y antes del debate de política general. Consideran que las explicaciones de Niubó fueron "decepcionantes" y denuncian que el Departamento habría ocultado información desde el mes de marzo, pero defienden que la comparecencia se tiene que hacer "con luz y taquígrafos" y con unas conclusiones claras sobre la mesa. El portavoz de los Comuns, David Cid, ha ido más allá y ha puesto en duda el estado del sistema educativo catalán: "Es muy complicado defender que el sistema educativo funciona". Según su formación, el episodio de las pruebas PISA evidencia que la situación es "más problemática" de lo que se pensaba, reforzando así la necesidad de un debate de fondo una vez que se disponga de toda la información.
Junts carga contra ERC y los Comuns
Junts, en cambio, ha cargado con dureza contra la decisión y ha acusado a ERC y Comuns de proteger el Govern. En la rueda de prensa de este martes por la mañana en el Parlament, el portavoz del grupo, Salvador Vergés, ha denunciado que la comparecencia de Niubó de este lunes dejó "más dudas que respuestas" y ha rechazado la tesis del error técnico: "Es un fracaso de gestión". También ha criticado el silencio de cuatro meses del Departament, que interpreta como una voluntad de esconder la crisis, y ha insistido en que Illa debe dar explicaciones inmediatas.
Esta posición también la ha expresado en las redes sociales, donde Vergés ha asegurado que "el tripartito ha vuelto a tapar las vergüenzas del Govern" y ha acusado a ERC y Comuns de hacerse "cómplices del fiasco de PISA y de la incompetencia del PSC". Junts había planteado aprovechar el pleno previsto este viernes —en el que Illa tiene previsto hacer balance de los dos años de mandato— para incluir esta comparecencia y someterla a votación.
Por su parte, también el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha exigido la dimisión "inmediata" de la consellera de Educació, Esther Niubó, y ha acusado el Govern de haber hecho "trampas" por el incidente con las pruebas PISA. "Después de años atacando las libertades de los padres para elegir el modelo educativo, ahora el desprestigio internacional y la tomadura de pelo también forman parte de sus políticas", ha argumentado en rueda de prensa. Garriga también ha informado de que su formación había pedido a la Junta de Portavoces la comparecencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes en el Parlament, pero ha lamentado que el PSC, ERC y los Comuns prefieran "irse de vacaciones" y rechazar la iniciativa.
Más allá de Junts, la CUP también se ha sumado a las críticas y ha reclamado que el president comparezca por el caso. El diputado Xavier Pellicer ha exigido la destitución de la consellera Niubó si no dimite y ha abierto la puerta a modificar el calendario parlamentario para encajar esta comparecencia. Sin embargo, ha recordado que, una vez aprobada la solicitud, el president dispone de un plazo máximo de un mes para comparecer ante el pleno.